La Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA) valora la aprobación de la Ley N°21.825, iniciativa que extiende los plazos de implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada y que permitirá resguardar la continuidad operacional de una industria estratégica para el país.
Desde la asociación destacan especialmente la disposición del nuevo Gobierno para escuchar las observaciones técnicas del sector y avanzar, en menos de dos meses desde su instalación, en una solución que evita impactos operacionales y laborales relevantes para el sistema de seguridad privada chileno.
“La aprobación de esta ley representa una señal positiva de responsabilidad, diálogo y coordinación entre el Estado y la industria. Permite proteger la continuidad de servicios esenciales para Chile y resguardar el trabajo de más de 300 mil personas que cumplen labores de seguridad privada a lo largo del país”, señaló Rodrigo Badilla, presidente de ASEVA.
La organización recordó que el sector cumple actualmente un rol coadyuvante dentro del sistema de seguridad nacional, contribuyendo diariamente a la protección de infraestructura crítica, transporte de valores, minería, retail, puertos, aeropuertos, hospitales, bancos, centros logísticos y espacios de alta concurrencia.
Asimismo, ASEVA indicó que esta extensión permitirá avanzar de manera más ordenada hacia la profesionalización, modernización y correcta implementación de la Ley N°21.659, fortaleciendo estándares de formación, capacidades operacionales y coordinación público-privada.
PROPUESTAS PARA LA SIGUIENTE ETAPA
Junto con valorar la aprobación de la ley corta, ASEVA informó que continuará trabajando con las autoridades en una agenda de perfeccionamiento regulatorio y modernización de la industria, enfocada en mejorar la implementación práctica de la normativa y fortalecer la seguridad del país.
Entre las principales propuestas impulsadas por la asociación destacan:
• Creación de una Superintendencia de Seguridad Privada, autónoma y especializada, que permita una regulación moderna, técnica y con foco en el desarrollo de la industria.
• Mayor autonomía para las OTEC y agilización de los procesos de formación y acreditación, con el objetivo de eliminar cuellos de botella que hoy dificultan la incorporación de trabajadores al sector.
• Habilitación por cuatro años para ex conscriptos del Servicio Militar Obligatorio como guardias de seguridad, medida que podría incorporar cerca de 6.000 jóvenes anualmente al mercado laboral formal.
• Modernización del régimen laboral del sector, adaptándolo a la realidad operacional de la seguridad privada y a las nuevas exigencias de la Ley N°21.659.
• Digitalización y simplificación de trámites y autorizaciones, incorporando interoperabilidad entre organismos y trazabilidad en línea.
• Implementación de estándares modernos de idoneidad del personal, incluyendo acceso regulado a antecedentes relevantes y test de drogas bajo estrictos protocolos legales.
• Flexibilización de medidas operativas para el transporte de valores, incorporando criterios basados en riesgo y uso intensivo de nuevas tecnologías.
• Mayor certeza jurídica y criterios uniformes de fiscalización para evitar interpretaciones dispares entre autoridades regionales.
“Chile necesita una industria de seguridad privada más moderna, profesional y coordinada con el Estado. Nuestro foco seguirá siendo aportar técnicamente para fortalecer la seguridad del país y avanzar hacia un sistema más eficiente, humano y preparado para los desafíos actuales”, agregó Badilla.
ASEVA reúne a las principales empresas de seguridad privada y transporte de valores del país y cuenta con cerca de 30 años de trayectoria colaborando con autoridades y actores públicos y privados en materias de seguridad.
