La implementación de la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada abrió un complejo escenario para la seguridad aeroportuaria chilena, luego de que la entrada en vigencia de sus nuevas exigencias derivara en un sistema paralelo de acreditación y capacitación para miles de trabajadores del sector, generando incertidumbre operacional y preocupación entre empresas concesionarias, operadores y sindicatos.
De acuerdo con antecedentes publicados, la industria aeroportuaria enfrenta uno de sus mayores desafíos regulatorios de los últimos años debido a la coexistencia entre los sistemas tradicionales de acreditación exigidos por la autoridad aeronáutica y los nuevos requisitos establecidos por la Ley de Seguridad Privada. Esta situación ha obligado a las empresas a adaptar procesos administrativos, programas de capacitación y certificaciones del personal en un corto plazo.
La Ley N.º 21.659 busca modernizar el sector mediante un marco regulatorio único para las actividades de seguridad privada, fortaleciendo la formación, profesionalización y supervisión de guardias, vigilantes privados y demás actores de la industria. Asimismo, establece nuevas obligaciones para las empresas, incorpora estándares de capacitación y define responsabilidades para las entidades obligadas a implementar medidas de seguridad.
Sin embargo, en el ámbito aeroportuario la aplicación de estas normas presenta características particulares. Los trabajadores deben cumplir simultáneamente con los requisitos propios de seguridad aeronáutica y con las nuevas exigencias establecidas por la legislación de seguridad privada, lo que ha generado un proceso de adecuación más complejo que en otros sectores económicos.
Entre las principales preocupaciones de la industria se encuentran:
- Riesgo de retrasos en los procesos de acreditación del personal.
- Incremento de costos asociados a capacitación y certificación.
- Posibles brechas operacionales durante el período de transición.
- Necesidad de coordinación entre la autoridad aeronáutica y los organismos responsables de la implementación de la nueva ley.
Diversos actores del sector han solicitado mecanismos de coordinación que permitan evitar interrupciones en la operación de los aeropuertos, considerando que se trata de infraestructura crítica para el país y que cualquier déficit de personal certificado podría afectar la continuidad de los servicios.
La discusión también reabre el debate sobre la necesidad de armonizar la regulación de la seguridad privada con los estándares internacionales de seguridad de la aviación civil, procurando que la modernización normativa no genere efectos indeseados sobre la capacidad operativa de uno de los sistemas más sensibles para la conectividad nacional.
La implementación definitiva de la Ley de Seguridad Privada continuará durante los próximos meses, período en el que autoridades y actores de la industria deberán compatibilizar las nuevas exigencias legales con la continuidad operacional de los aeropuertos chilenos.
