La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada y activada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, no solo representa una ofensiva legislativa contra las organizaciones criminales y el terrorismo. También puede convertirse en un punto de inflexión para la seguridad privada y municipal en Chile.
La agenda contempla 19 proyectos de ley con urgencia legislativa, junto con una reforma constitucional que busca establecer expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre las materias incluidas se encuentran la seguridad municipal, las reglas de uso de la fuerza, la protección de funcionarios policiales, la infraestructura crítica, el control de identidad y nuevas herramientas contra organizaciones criminales.
Una oportunidad para la coordinación público-privada
La agenda también puede impulsar una relación más estrecha entre las instituciones públicas y el sector privado.
Miles de instalaciones privadas cuentan actualmente con cámaras, sistemas de alarma, guardias, centros de monitoreo y registros audiovisuales que pueden contener información relevante frente a determinados delitos.
El desafío será avanzar hacia mecanismos de cooperación que permitan que esa información pueda ser utilizada de manera rápida, legal y segura cuando sea requerida por las autoridades.
Esto podría traducirse en nuevos protocolos de intercambio de información, sistemas de comunicación y plataformas de coordinación entre municipios, policías y empresas.
La tendencia internacional apunta precisamente hacia modelos de seguridad colaborativa, donde el Estado mantiene el liderazgo de la seguridad pública, pero aprovecha las capacidades tecnológicas y operacionales existentes en el sector privado.
Infraestructura crítica: un mercado que puede crecer
Otro de los componentes de la agenda que merece especial atención para la industria privada es la protección de la infraestructura crítica.
Instalaciones eléctricas, sistemas de agua, telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, centros de datos y otras instalaciones estratégicas requieren niveles de protección cada vez mayores.
Si el nuevo marco legal aumenta las obligaciones de protección de este tipo de infraestructura, las empresas privadas podrían asumir una mayor responsabilidad en tareas de vigilancia, control de accesos, monitoreo, detección temprana y respuesta ante incidentes.
Esto puede generar una demanda importante por tecnologías de seguridad más avanzadas y por profesionales especializados.
La tecnología pasa a ser estratégica
La nueva realidad criminal también está modificando la naturaleza de la seguridad.
Las organizaciones criminales utilizan comunicaciones digitales, vehículos, drones, sistemas de vigilancia y nuevas tecnologías. La respuesta no puede depender únicamente de más personas en terreno.
La industria de seguridad privada podría experimentar, por tanto, una aceleración en la incorporación de:
inteligencia artificial, analítica de video, reconocimiento de comportamientos, sensores, drones, sistemas de control de acceso biométrico, plataformas de monitoreo remoto y centros de operaciones de seguridad.
El negocio tenderá a desplazarse progresivamente desde la simple prestación de horas-hombre hacia soluciones integrales de seguridad.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo todavía debe superar su principal prueba: la discusión parlamentaria. Los proyectos pueden modificarse, fusionarse o incluso no aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo.
Pero independientemente del resultado legislativo final, el mensaje político es claro: la seguridad ocupará un lugar central en la acción del Estado durante los próximos años.
