Con una masiva asistencia que colmó la capacidad del recinto, se realizó el conversatorio y análisis sobre los “Desafíos en la Implementación de la Ley de Seguridad Privada” en el marco de la jornada inaugural de SeguridadExpo 2026, actividad organizada por la Camara Nacional de Seguridad Privada.
La apertura de este importante evento estuvo a cargo del subsecretario de Justicia Luis Silva Irarrázaval y contó con la presencia del jefe se la división de seguridad privada de la SPD Rodrigo Rojas , el general Rodrígo Espinoza Olea, director nacional de orden y seguridad de Carabineros de Chile y el abogado Aníbal Pérez, asesor jurídico de la CNSP. Esta actividad fue moderada por Aldo Vodal general (R) y asesor de la CNSP.
La cita, convocó a autoridades de gobierno, líderes gremiales, expertos tácticos y representantes del sector corporativo, con el objetivo explícito de evaluar la marcha de la Ley N° 21.659, a poco más de un año de su entrada en vigor.
La apertura de esta jornada de debate e innovación tecnológica estuvo marcada por una profunda reflexión: cómo balancear la urgente profesionalización del personal de resguardo privado con las crecientes exigencias de un escenario delictual cada vez más complejo.
Durante las intervenciones se enfatizó que el nuevo marco legal (promulgado a fines de 2025) vino a modernizar regulaciones que llevaban décadas de obsolescencia. Sin embargo, la bajada práctica de sus reglamentos —especialmente en lo relativo a la organización de eventos masivos y los requisitos de idoneidad para vigilantes— sigue generando importantes fricciones operativas y logísticas para las empresas del rubro.
Los tres grandes desafíos sobre la mesa
De acuerdo con las conclusiones del conversatorio, los expertos e instituciones sectoriales coincidieron en que el éxito de la ley de aquí a los próximos años depende críticamente de tres pilares:
- Estandarización de la formación: Existe una brecha significativa en las capacidades técnicas exigidas por el nuevo marco normativo. Se requiere con urgencia acelerar las certificaciones y actualizar los planes de estudio para que los guardias de seguridad dejen de cumplir roles meramente disuasivos y adquieran competencias de gestión de riesgos tecnológicos.
- Integración tecnológica y ciberseguridad: Los sistemas de resguardo físico y la televigilancia privada ya no se pueden gestionar de forma aislada. El uso de inteligencia artificial, analítica de video y automatización debe coordinarse con protocolos estrictos para evitar vulneraciones de datos o hackeos a infraestructuras críticas.
- Coordinación público-privada real: El personal de seguridad privada supera con creces en número a las fuerzas de orden público. El gran reto planteado en el foro es aceitar los canales de comunicación directa con las policías y los municipios, transformando al vigilante privado en un cointegrante estratégico de la prevención del delito, sin desdibujar sus atribuciones legales.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. Las ponencias paralelas de la jornada inaugural de SeguridadExpo 2026 evidenciaron una mutación en las operaciones de las bandas delictuales. El crimen organizado transnacional y las amenazas más directas contra entidades públicas y privadas obligan a que el resguardo corporativo eleve sus estándares de protección de forma inmediata.
La Ley de Seguridad Privada es vista por la industria como la herramienta correcta en el momento adecuado, pero el conversatorio dejó en claro que la letra muerta de la ley debe dar paso a una fiscalización ágil y un apoyo estatal decidido en la capacitación. El camino recién comienza, y las decisiones operativas que adopten las empresas durante este año definirán el estándar de la seguridad nacional para la próxima década.
