La ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas y las nuevas facultades autónomas otorgadas por la reforma al Código Procesal Penal optimizan de forma directa el valor operativo y jurídico de los registros de las cámaras corporales (bodycams) de Carabineros a través de los siguientes mecanismos
La mayor disponibilidad de tiempo para revisar, preservar y analizar los registros audiovisuales, que pueden aportar antecedentes relevantes para identificar a los involucrados, reconstruir la secuencia de los hechos y respaldar los procedimientos policiales. En situaciones complejas, disponer de un margen adicional puede facilitar la coordinación entre los funcionarios actuantes, los investigadores y el Ministerio Público.
Viabilidad en la persecución diferida por video
Bajo la antigua normativa de 12 horas, si el registro de una bodycam captaba el rostro de un delincuente en fuga, la policía contaba con una ventana de tiempo sumamente estrecha para analizar el video, identificar al sospechoso, rastrear su paradero y proceder a capturarlo en flagrancia. Con la extensión del plazo a 24 horas, el video institucional adquiere una utilidad operativa extendida. Esto otorga a las unidades de inteligencia o patrullaje un margen real para procesar las imágenes corporales, coordinar la búsqueda con otras patrullas y concretar la detención legal basándose exclusivamente en el registro audiovisual inicial.
Sincronización y cruce inmediato con redes de televigilancia
La reforma no solo amplía los plazos, sino que también faculta a las policías a solicitar directamente y sin orden previa del fiscal los videos de seguridad de comercios, hogares y particulares. Operativamente, esto permite cruzar de inmediato la grabación de la cámara corporal (que muestra, por ejemplo, el inicio de una persecución o la vestimenta del sospechoso) con los registros de las cámaras del entorno vecinal o comercial colectados de forma autónoma en el transcurso de esas 24 horas. De esta manera, se construye una línea de tiempo visual robusta e ininterrumpida que justifica técnicamente la flagrancia ante el juez de garantía.
Alivio en la presión de la descarga de datos y cadena de custodia
Uno de los principales cuellos de botella para Carabineros era la gestión logística de la evidencia digital: el funcionario debía acudir a su unidad, conectar el dispositivo en el módulo de carga (docking station), esperar la indexación automática y confeccionar las actas de resguardo antes de que expiraran las 12 horas. Al duplicarse la ventana legal a 24 horas, las policías cuentan con un tiempo prudente para asegurar la integridad de la grabación, cargar el archivo a las plataformas institucionales y remitirlo formalmente al fiscal del caso sin el riesgo inminente de que la detención sea declarada ilegal por vencimiento de plazos.
En definitiva, ampliar el plazo no significa solamente disponer de más horas: significa contar con una ventana adicional para aprovechar información que puede resultar decisiva en una investigación. El desafío será transformar ese tiempo extra en evidencia útil, oportuna y confiable para la persecución penal.