El presidente José Antonio Kast ratificó la disposición del Ejecutivo de retirar la reforma constitucional de seguridad para facilitar un consenso legislativo transversal, descartando que esta medida constituya un revés para su administración.
Durante el cierre de su gira por la Región de Antofagasta el 1 de octubre de 2026, el mandatario enfatizó que la prioridad del Gobierno es el combate al crimen organizado por sobre las autorías políticas del proyecto. “Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso”, afirmó Kast, restando dramatismo a la modificación de la estrategia de La Moneda.
Contexto de la negociación parlamentaria
- Falta de viabilidad política: La propuesta original del Gobierno, ingresada el 17 de agosto en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), no logró reunir los respaldos necesarios en el Senado, enfrentando reparos tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.
- Puntos de controversia: El principal eje de crítica apuntaba a la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, el cual permitía al Ejecutivo restringir libertades civiles y extender la medida hasta por 240 días sin requerir la aprobación previa del Congreso.
- Vía alternativa en desarrollo: Tras reuniones sostenidas en Cerro Castillo entre ministros y legisladores, se acordó una línea de trabajo conjunto. Senadores pertenecientes a la Comisión de Seguridad —entre ellos Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (PR)— redactan un nuevo texto de consenso enfocado en el fortalecimiento de Gendarmería y la persecución de bandas organizadas, prescindiendo de las atribuciones extraordinarias que debilitaban los derechos fundamentales.
De acuerdo con lo informado por representantes del Poder Legislativo, el ingreso de la propuesta sustitutiva está proyectado para el lunes 5 de octubre de 2026, momento en el cual el Ejecutivo concretaría formalmente el retiro del texto original.
