Intento de suplantación de Alcalde y sus posibles repercusiones en empresas de seguridad

El jefe comunal denunció que, mientras recibían las supuestas instrucciones del falso alcalde, los guardias se ocuparon de tapar y ocultar las cámaras de seguridad de gran parte de las oficinas de Tesorería.
Suplantación de Alcalde

Un intento de robo bajo la modalidad de “falso alcalde” afectó a la Municipalidad de San Ramón, cuando un sujeto se hizo pasar por el jefe comunal, Gustavo Toro, ordenando a los guardias retirar una caja fuerte usando su foto de perfil de WhatsApp para engañarlos.

El alcalde denunció graves irregularidades, incluyendo el ocultamiento de cámaras de seguridad, daños en puertas al intentar mover la caja fuerte —operación frustrada solo por el peso de la estructura— y la ausencia de verificación de la llamada.

La municipalidad desvinculó de forma inmediata a la empresa de seguridad (Comercializadora e Importadora Fernando Pacheco Araya SPA) y el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.

Los puntos específicos que despertaron las sospechas del alcalde Gustavo Toro incluyen:

  • Ocultamiento intencional de cámaras: El jefe comunal denunció que, mientras recibían las supuestas instrucciones del falso alcalde, los guardias se ocuparon de tapar y ocultar las cámaras de seguridad de gran parte de las oficinas de Tesorería.
  • Uso excesivo de la fuerza: Los funcionarios rompieron las puertas de acceso a la oficina de finanzas para llegar a la caja fuerte. Esto demuestra que no utilizaron vías ni protocolos normales de acceso, procediendo con un actuar destructivo.
  • Falta absoluta de validación: No existió ningún protocolo mínimo de verificación de la llamada telefónica, ni se contactó a las jefaturas directas o a Carabineros antes de proceder a vulnerar las dependencias municipales.

Posibles sanciones para la empresa de seguridad

Pérdida de la Autorización de Funcionamiento: La prefectura de Control de Armas y Seguridad Privada de Carabineros de Chile (OS10) puede revocar de forma permanente los permisos de operación de la empresa si constata fallas graves en sus protocolos o la contratación de personal no idóneo.

Multas Económicas: La empresa se expone a severas multas reguladas por la normativa de seguridad privada debido a la falta de supervisión y control sobre el comportamiento de sus guardias en terreno.

Efecto en la Industria de la Seguridad Privada

Al margen de la firma directamente implicada en el caso de San Ramón, un incidente de este tipo genera repercusiones reputacionales para las empresas de seguridad privada que operan de forma correcta lo cual podría derivar en la implementación de cambios urgentes como:

  • Protocolos de Doble Verificación Obligatoria: Prohibición estricta de ejecutar órdenes críticas (mover valores, romper accesos) basadas únicamente en llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, exigiendo confirmaciones presenciales o mediante canales encriptados corporativos.
  • Auditorías de Redundancia de Cámaras: Restringir el acceso físico de los guardias a los sistemas de grabación o implementar alertas automáticas si una cámara de seguridad es tapada o desconectada.