El Gobierno del Presidente José Antonio Kast se encuentra evaluando el retiro de su cuestionada reforma constitucional de seguridad en el Senado chileno debido a la falta de respaldo político tanto en la oposición como dentro de sectores del oficialismo.

La propuesta original, presentada a fines de agosto como la pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), pretendía crear un inédito “Estado de Excepción de Seguridad Pública”. Esta figura legal le otorgaba al Presidente de la República la facultad de decretar la medida por un plazo de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso, permitiendo la restricción de libertades clave como la de reunión, locomoción y la interceptación de comunicaciones privadas

El proyecto no tardó en levantar severas críticas de transversalidad inmediata. Mientras sectores del Frente Amplio y el socialismo la catalogaron como una estrategia de “control a la población” con tintes totalitarios, el golpe de gracia provino de las filas oficialistas. Parlamentarios de colectividades aliadas como Renovación Nacional (RN) y la UDI manifestaron profundos reparos ante la desmedida concentración de atribuciones en la figura presidencial y la marginación del Poder Legislativo. La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió tempranamente que la iniciativa no contaba con el respaldo suficiente para su aprobación, ni siquiera dentro del oficialismo.

Ante el inminente fracaso en la Cámara Alta, el Comité de Seguridad de La Moneda —encabezado por el Mandatario y sus ministros de Interior, Seguridad, Justicia y Defensa— activó intensas negociaciones internas. Quienes conocen los pasillos del palacio gubernamental afirman que ministros políticos clave, como José García (RN) en la Segpres y Fernando Rabat en Justicia, iniciaron contactos discretos con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), buscando una salida alternativa.

Una retirada táctica

Pese a que el lunes trascendió que el Ejecutivo ya estaba dispuesto a sepultar la iniciativa para dar paso a un texto de consenso, el despliegue comunicacional de La Moneda se ha mantenido en una tensa cautela. Ministros del comité político han salido a matizar los rumores de retirada definitiva, intentando instalar que “avanzar en leyes útiles no es una derrota” y que el foco principal está puesto en destrabar otros proyectos prioritarios de la agenda de seguridad. Sin embargo, senadores de oposición insisten en que el retiro formal debe concretarse esta misma semana como garantía para sentarse a diseñar un nuevo marco técnico.

La Moneda busca amortiguar el impacto político abriendo mesas transversales de diálogo, forzada por un escenario adverso en el Congreso que no calculó la resistencia que su propuesta ancla provocaría en su propia coalición. Las próximas horas serán cruciales para definir si el Presidente oficializa el retiro del proyecto en el Senado o si intenta un último rediseño de plazos y atribuciones antes de que la votación liquide definitivamente su reforma estrella.

Claves de la discusión legislativa

Apertura a un texto de consenso: Ministros del comité político confirmaron que están a la espera de una nueva propuesta redactada en conjunto por senadores oficialistas y de oposición (como Andrés Longton, Arturo Squella y Pedro Araya) para destrabar la agenda de seguridad.

Postura del Ejecutivo: El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó que bajar el proyecto inicial signifique una “derrota” o fracaso político, señalando que la prioridad es conseguir mejores herramientas contra el crimen organizado.

Críticas al proyecto original: La mega reforma inicial incluía la facultad de decretar un nuevo estado de excepción de 120 días renovable sin permiso del Congreso, lo que había sido tildado por la oposición como atribuciones excesivas de carácter presidencialista.

Reunión clave: Para destrabar la controversia, el Presidente Kast sostendrá una reunión el próximo miércoles a primera hora en Cerro Castillo con los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado.

Por lo pronto, el Ejecutivo ya retiró la urgencia legislativa de la mega reforma para concentrar el impulso inmediato en 21 iniciativas específicas, tales como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y el incentivo a la carrera de Carabineros