Durante años, el debate público chileno se debatió en la complacencia de considerarse un “oasis” de seguridad en una región convulsionada, postergando la discusión de fondo sobre los síntomas evidentes de una mutación criminal. Hoy, el país enfrenta el costo de no haber reconocido oportunamente que las estructuras transnacionales y los carteles de la droga ya no estaban de paso, sino que habían echado raíces profundas en el territorio nacional
El retraso en el diagnóstico institucional no fue gratuito. Mientras la discusión política se enredaba en semántica —debatiendo si la presencia de ciertas bandas constituía un “fenómeno aislado” o “crimen organizado”— agrupaciones con altos niveles de sofisticación logística, como el Tren de Aragua o facciones ligadas a carteles internacionales, colonizaron espacios vulnerables.
Las consecuencias de esta ceguera temporal son hoy la realidad cotidiana del país:
Mutación de la violencia: Delitos que antes eran ajenos a la idiosincrasia local, como los secuestros extorsivos, el sicariato y los homicidios con desmembramiento, pasaron de las páginas de crónica roja internacional a las calles de Santiago, Tarapacá y Valparaíso.
Control territorial y extorsión: Comerciantes y vecinos de barrios históricos comenzaron a experimentar el cobro de “vacunas” o cuotas de protección, un fenómeno que destruye el tejido social y deprime la economía local.
Estrés institucional: Las policías (Carabineros y la PDI), el Ministerio Público y el sistema penitenciario se vieron obligados a reaccionar bajo presión ante una criminalidad con mayor poder de fuego, recursos financieros ilimitados y nulo respeto por la autoridad, evidenciando la falta de herramientas tecnológicas y legislativas modernas que debieron preverse años atrás.
A este complejo escenario de seguridad se suma un fenómeno mediático que tensiona aún más la estabilidad social. Si bien el rol de la prensa libre es fiscalizar férreamente al poder y denunciar cualquier atisbo de corrupción o abuso dentro de los aparatos del Estado, una vertiente de la cobertura policial en algunos medios de comunicación ha cruzado la línea de la fiscalización para adentrarse en la siembra sistemática de la sospecha.
A través de titulares capciosos, coberturas desproporcionadas de errores procedimentales aislados y el uso de opiniones sesgadas sin el debido contraste técnico, ciertos sectores de la comunicación parecen operar bajo una agenda que busca instalar un manto de duda permanente sobre el accionar de los cuerpos de seguridad pública.
Esta forma de comunicar, orientada muchas veces a captar audiencias mediante el sensacionalismo o a empujar líneas ideológicas específicas, genera un efecto de pinza perverso. Por un lado, debilita la moral y la autoridad de los funcionarios que están en la primera línea de combate contra el narcotráfico y, por el otro, fragmenta el apoyo ciudadano que las instituciones necesitan para operar con eficacia.
Mientras el crimen organizado consolida su despliegue táctico, el proyecto de ley que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) se mantiene entrampado en el Congreso Nacional, en una persistente Comisión Mixta destinada a resolver las profundas discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado.
La demora en la tramitación de las RUF cuyo debate formal se reactivó con fuerza tras hitos de extrema violencia institucional funciona como un reflejo exacto del diagnóstico anterior. Es el costo directo de la falta de consenso respecto a cómo dotar a Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas de un marco que les otorgue certeza jurídica sin descuidar los estándares normativos.
