El rechazo de la reforma constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas de migrantes irregulares, deja al sistema migratorio y de seguridad en un escenario de alta vulnerabilidad operativa.
Al no prosperar la iniciativa impulsada por el Gobierno, el marco legal vigente mantiene un límite temporal estricto que, según expertos en la materia, impactará directamente en la capacidad de control y orden público del país.
A continuación se analizan las principales consecuencias de seguridad derivadas de esta decisión legislativa:
Ineficacia en la ejecución de expulsiones: El plazo actual de cinco días resulta insuficiente para coordinar la logística que requiere una expulsión administrativa. Esto incluye la confirmación de la identidad del ciudadano extranjero, la compra de pasajes aéreos, la obtención de salvoconductos por parte de los consulados respectivos y la disponibilidad de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para la custodia. Al vencer este plazo sin lograr el embarque, el detenido debe ser liberado de forma obligatoria.
Aumento de la impunidad y la clandestinidad: Los migrantes irregulares con decretos de expulsión vigentes que sean liberados por falta de tiempo logístico se diluyen nuevamente en el territorio nacional. Al encontrarse en una situación de “ilegalidad permanente” y sin posibilidad de inserción laboral formal, se incrementa el riesgo de que engrosen las filas del comercio ambulante ilegal o queden expuestos a redes de explotación.
Sobrecarga y frustración policial: La PDI destina importantes recursos humanos y económicos en pesquisar, detener y procesar a personas con órdenes de expulsión. El tener que liberar a los ciudadanos extranjeros debido a trabas burocráticas y plazos irreales genera un desgaste operativo severo en las policías, restando efectividad a las tareas de patrullaje y persecución de delitos de mayor connotación social.
Fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales: El crimen organizado (como el Tren de Aragua o Los Pulpos) se alimenta de la vulnerabilidad migratoria. La incapacidad del Estado para materializar las expulsiones de forma ágil permite que estas bandas mantengan o recluten bases operativas con menor temor a una deportación efectiva, debilitando el control territorial en zonas críticas del norte y la Región Metropolitana.
Pérdida de la capacidad de disuasión fronteriza: Una política de reconducción y expulsión que no se ejecuta en la práctica pierde su efecto disuasivo. Esto puede ser interpretado por las redes de tráfico de migrantes (coyotes) como una señal de debilidad institucional, incentivando el uso de pasos habilitados y no habilitados bajo la premisa de que, incluso siendo detectados, la probabilidad de ser expulsados del país es mínima.
