El Ejecutivo decidió retirar de la Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal para corregir una controvertida norma que ponía en riesgo la continuidad de los alcaldes en sus cargos. El anuncio fue realizado este miércoles por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, durante un punto de prensa conjunto con diversas asociaciones de municipios del país.
La molestia de los jefes comunales se concentraba en el artículo 8 del texto. Dicha norma obligaba a las municipalidades a verificar minuciosamente los requisitos antes de nombrar a inspectores o al director de seguridad pública.
El punto crítico radicaba en las sanciones: de no cumplirse esta obligación, el reglamento estipulaba que los alcaldes podrían ser acusados de “notable abandono de deberes”, una causal que abre la puerta a la destitución según el artículo 60 de la Ley 18.695.
Los argumentos de los municipios
Los alcaldes calificaron la medida como un “riesgo desproporcionado” y criticaron que una sanción de tal gravedad se pretendiera regular mediante un decreto administrativo y no a través de una ley aprobada en el Congreso. Ante esto, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) solicitó frenar el documento y abrir una mesa de trabajo conjunta para rediseñar la normativa.
Giro en la postura del Ejecutivo
Aunque inicialmente el biministro Claudio Alvarado defendió el texto asegurando que solo recordaba una regla vigente sin crear nuevas causales de remoción, la presión de los gobiernos locales forzó un cambio de estrategia.
Finalmente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, viabilizó la modificación del decreto. Desde La Moneda insisten en que no existió un error de fondo, sino que la retirada busca despejar ambigüedades y cerrar el margen a interpretaciones diversas que empañen la aplicación de la ley.
Los reparos surgieron tanto desde la oposición como desde alcaldes vinculados a sectores oficialistas. La discusión se centró en si un reglamento podía establecer ese efecto sobre una autoridad elegida mediante votación popular y en la falta de una discusión previa sobre esa disposición con las asociaciones municipales.
La Asociación Chilena de Municipalidades había solicitado retirar el documento y eliminar la cláusula, argumentando que una causal de cese de alcaldes no podía establecerse por la vía reglamentaria. Desde el Gobierno, en cambio, se había sostenido inicialmente que el texto no creaba una nueva causal, sino que remitía a responsabilidades que ya están contempladas en la legislación municipal.
José Manuel Palacios , presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, (AMUCH): y Gustavo Alessandri Bascuñán, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) valoraron la decisión de la autoridad
