Lo que comenzó como la tramitación de un decreto supremo de 53 páginas para regular la Ley de Seguridad Municipal terminó transformándose en una rebelión transversal de los jefes comunales.
El foco del conflicto: un polémico artículo que vincula administrativamente los errores en la contratación o acreditación de inspectores de seguridad con la destitución de los alcaldes por “notable abandono de deberes”.
Para el mundo municipal, el Gobierno cometió una “ilegalidad” al intentar normar por la vía de un reglamento una sanción que la Constitución reserva exclusivamente a las leyes orgánicas.
Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, reaccionó con profunda sorpresa y rechazo ante el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el Gobierno a la Contraloría.
A través de una declaración pública emitida por el directorio de la asociación, su postura frente a la polémica normativa se concentró en dos puntos críticos:
- Falta de socialización: Alessandri manifestó su total “sorpresa” con la norma, acusando que el polémico texto “nunca fue socializado con las asociaciones de municipios ni con los propios jefes y jefas comunales”.
- Ilegalidad de la medida: En representación del municipalismo, aseguró tajantemente que el reglamento “reviste claros elementos de ilegalidad”. Argumentó que una causal para destituir o cesar de sus funciones a una autoridad que fue elegida democráticamente bajo ninguna circunstancia puede ser establecida a través de la vía de un reglamento o decreto.
Por este motivo, el líder de la ACHM exigió formalmente al Ejecutivo que se retrotraiga la presentación de este reglamento ante la Contraloría y se elimine por completo la polémica cláusula
El artículo de la discordia
La molestia escaló rápido al analizarse el texto redactado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Gonzalo Guerrero. El cuestionado artículo 8° establece que los municipios deben verificar requisitos estrictos para los inspectores y enviar nóminas trimestrales a Carabineros. Sin embargo, el párrafo final encendió el fuego: explícitamente indica que infringir dicha norma podría configurar, para el alcalde, la causal de cese del cargo.
Frente al conflicto, la respuesta de La Moneda mutó rápidamente del control de daños a la explicación técnica. Tanto la subsecretaría como el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salieron a remarcar que el reglamento “no innova ni crea nuevas causales”, sino que solo explicita responsabilidades ya contempladas en la legislación vigente.
“Agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones”, matizó el ministro Arrau, buscando bajar la tensión política y asegurando que se utilizarán los canales institucionales con la Contraloría General de la República para aclarar y corregir el texto.
A pesar de los paños fríos del Ejecutivo, el malestar se trasladó con fuerza al Congreso Nacional. Parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados ya oficiaron formalmente al ministro para exigir el retiro inmediato del reglamento que se encuentra en trámite de toma de razón. La tensión promete vivir un capítulo clave este miércoles a primera hora, cuando las asociaciones de alcaldes se sienten a las 9:00 de la mañana frente a frente con el subsecretario Guerrero para desactivar un conflicto que el propio oficialismo reconoce como un flanco comunicacional autogenerado.
