Las recientes y violentas agresiones cruzadas entre inspectores municipales y comerciantes ambulantes en Viña del Mar han reabierto con fuerza el debate en Chile sobre la urgencia de dotar a los funcionarios de seguridad de dispositivos de protección y armas no letales.
Los últimos incidentes registrados hace pocos días en Viña del mar, evidencian el alto riesgo al que se exponen los fiscalizadores frente al comercio ilegal.
El debate coincide con la reciente entrada en vigor de la nueva legislación, la cual busca entregar un marco de protección jurídica más claro, reactivando las solicitudes de alcaldes para que los inspectores puedan portar elementos de coacción como gas pimienta, bastones retráctiles o elementos de inmovilización.
Por otro lado, la discusión suma complejidad debido a acusaciones de vecinos y locatarios establecidos que denuncian maltrato y abusos de autoridad por parte de los propios inspectores durante los decomisos, lo que levanta alertas sobre la preparación psicológica y técnica antes de entregarles herramientas de mayor letalidad.
La recién entrada en vigencia Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal (vigente desde agosto de 2026) y las propuestas de los alcaldes marcan límites claros entre la protección defensiva y el ejercicio de la fuerza pública.
Frente al aumento de agresiones por parte del comercio ambulante, las solicitudes de los alcaldes se dividen entre elementos de protección ya aprobados y dispositivos de coacción que aún generan debate:
Pistolas Taser (Dispositivos de control eléctrico): Es la propuesta con mayor presión política de sectores municipales y parlamentarios. La ley contempla que, bajo un decreto supremo del Presidente y tras una capacitación técnica obligatoria de dos años, se pueda autorizar su uso en casos excepcionales. Actualmente, la oposición urge al Gobierno acelerar este reglamento de masificación.
Dispositivos de inmovilización tecnológica (como BolaWrap): Alcaldes han consultado históricamente por herramientas que disparan un lazo de kevlar para amarrar las piernas o el torso de un agresor a distancia sin infligir dolor severo, buscando evitar los golpes directos.
Bastones retráctiles y gas pimienta: Solicitados de manera transversal para repeler ataques directos en contextos de fiscalización conflictiva.
Elementos de protección física (Ya autorizados): La normativa ya consolidó el financiamiento y derecho al uso de chalecos antibalas, cascos, lentes de protección y esposas para retenciones temporales.
Límites de la Ley de Seguridad Municipal sobre el Uso de la Fuerza
La nueva legislación delimita de manera taxativa que los inspectores municipales no son policías, manteniendo criterios estrictos para evitar abusos:
| Criterio | Regulación de la Ley N.º 21.802 |
| Monopolio de la Fuerza Letal | Queda estrictamente prohibido el porte de armas de fuego o armas cortantes para el personal municipal. |
| Rol Coadyuvante | Su función es preventiva y de apoyo a Carabineros o la PDI. No poseen facultades autónomas de control de identidad generalizado ni de investigación criminal. |
| Control del actuar | Todo despliegue debe armonizarse con los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad bajo los estándares internacionales de derechos humanos. |
| Reglamentación Pendiente | Aunque la ley está formalmente vigente, las nuevas facultades de coadyuvancia (como fiscalizar medidas cautelares de violencia intrafamiliar o controles de alcoholes) dependen de reglamentos técnicos específicos que Contraloría debe visar para regular minuciosamente cómo operarán en terreno. |
