La detención de un funcionario del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, efectuada el 24 de agosto de 2026, expone los graves riesgos de infiltración del crimen organizado en las instituciones de justicia en Chile
La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el tribunal y domicilios en Santiago y San Bernardo. La investigación, que tuvo su origen en una indagatoria contra una banda narcotraficante de San Bernardo, apunta a los delitos de cohecho y revelación de secretos, debido a que el funcionario habría revelado diligencias antes de que ocurrieran, avisado sobre medidas intrusivas y cobrado por estos antecedentes.
La banda narcotraficante estaba siendo investigada recibía alertas anticipadas sobre las órdenes de entrada, registro y medidas intrusivas, permitiendo que los delincuentes se adelantaran a las autoridades y frustraran operativos de captura.
El Ministerio Público, liderado en esta causa por la fiscal Alejandra Vargas, imputará al funcionario administrativo los delitos de cohecho, revelación de secreto funcionario y revelación de secretos bajo el marco de la Ley 20.000 de drogas.
El caso obligó a anunciar una auditoría interna del Poder Judicial para revisar los protocolos de acceso a los sistemas de información y rastrear qué otros antecedentes reservados pudieron ser comercializados.
Graves Riesgos de Infiltración en la Justicia
El hecho de que un funcionario cobrara dinero regular a cambio de consultar si determinados nombres figuraban como imputados en causas vigentes demuestra que las mafias cuentan con presupuestos financieros capaces de corromper la escala funcionaria del aparato judicial.
El detenido se encontraba ejerciendo sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, lo que evidencia la falta de control digital y de monitoreo presencial sobre quienes manipulan bases de datos altamente sensibles desde el exterior de los tribunales.
Este hito reaviva con fuerza el debate político sobre la necesidad de reformas profundas y auditorías estrictas para blindar las instituciones frente al avance transnacional o local del narcotráfico, amenazando la credibilidad total del dictamen de penas en Chile.
