Con la entrada en vigencia del registro obligatorio de líneas prepago (Ley N.º 21.729), el Estado chileno le asestó un golpe directo a uno de los recursos más cotizados por el crimen organizado: el anonimato desechable.
El procedimiento de verificación de identidad podrá ser virtual o presencial y se integrará a los sistemas que las operadoras implementaron durante 2025 para gestiones como contratar servicios, hacer portabilidad, cambiar equipo, reponer SIM o tomar planes. Para validar, los operadores podrán usar autenticación biométrica y otros métodos de verificación de identidad. Entre los mecanismos habilitados están la huella dactilar, el reconocimiento facial, preguntas de seguridad, doble factor de autenticación y la firma electrónica avanzada.
El fin del “chip desechable”
En el entramado operativo de las bandas criminales, el SIM card prepago era considerado un insumo de un solo uso. Se compraba en lotes, se usaba para realizar un par de llamadas extorsivas desde la cárcel o para coordinar un abordaje en la vía pública, y luego se arrojaba a un alcantarillado.
Al obligar a las empresas concesionarias a mantener una Base de Datos de Usuarios (BDU) con cédula de identidad, pasaporte, IMEI del equipo y validaciones biométricas, el margen de maniobra delictual se estrecha sensiblemente:
- Fin a la venta informal anónima: Activar una tarjeta SIM requiere ahora verificación de identidad directa (digital o en sucursal) vinculada al RUT o pasaporte.
- Trazabilidad cruzada: El cruce entre el número móvil, la identidad del titular y el código IMEI del teléfono crea una huella que facilita el trabajo investigativo del Ministerio Público y las policías.
- Restricción de acumulación: La normativa establece alertas y límites presenciales para quienes intenten registrar múltiples líneas bajo un mismo nombre, bloqueando la creación de “centrales piratas”.
Para los más de 4,4 millones de usuarios prepago en el país, el proceso se traduce en una validación sencilla al recargar o activar una bolsa de datos. Pero para la inteligencia policial, el impacto es estructural. La medida invalida la estrategia de operar a ciegas en el espacio radioeléctrico.
Aunque el crimen organizado suele buscar resquicios —como la suplantación de identidad o el uso de identidades robadas—, la incorporación de sistemas de validación biométrica y almacenamiento de registros por un plazo de 5 años transforma el teléfono prepago de una herramienta de camuflaje en un potencial hilo del cual tirar durante una investigación penal.
