Detrás de un puesto instalado en una vereda puede existir mucho más que una actividad informal. En algunos casos, el comercio ambulante ilegal forma parte de economías ilícitas que financian organizaciones criminales, disputan el espacio público y debilitan la autoridad del Estado.
El comercio ambulante ha estado presente durante décadas en las ciudades chilenas. En muchos casos constituye una respuesta precaria frente al desempleo o la falta de oportunidades. Sin embargo, junto a esa realidad social también ha surgido otra mucho más compleja: la utilización del comercio ambulante ilegal por parte de organizaciones que obtienen ganancias mediante la ocupación irregular del espacio público.
La diferencia es fundamental. No se trata de analizar a quien vende para subsistir, sino de comprender cómo determinados grupos convierten las calles en un mercado ilegal donde existen reglas, jerarquías, cobros y mecanismos de control que nada tienen que ver con la informalidad tradicional.
La experiencia internacional demuestra que el comercio ambulante ilegal puede transformarse en una economía criminal cuando determinadas organizaciones comienzan a controlar quién puede instalarse, cuánto debe pagar por ocupar un espacio, qué productos pueden venderse y quién abastece esa mercancía. En esos escenarios, la vereda deja de ser simplemente un lugar de venta. Se transforma en un territorio administrado por estructuras que funcionan al margen de la ley.
A ello se suman otros fenómenos igualmente preocupantes. Gran parte de los productos comercializados ilegalmente proviene del contrabando, la falsificación de marcas, la receptación de especies robadas o el ingreso irregular de mercancías al país. En otros casos, estos espacios facilitan la comercialización de productos sin control sanitario, medicamentos falsificados, cigarrillos de contrabando y otras mercancías cuya trazabilidad resulta prácticamente imposible.
La experiencia comparada también demuestra que estas economías ilícitas rara vez funcionan de manera aislada. Suelen relacionarse con redes dedicadas al lavado de activos, tráfico de drogas, evasión tributaria, corrupción, explotación laboral y otras actividades criminales que utilizan el comercio ambulante como una fuente permanente de financiamiento.
En Chile, diversas intervenciones realizadas por policías, municipios y organismos fiscalizadores han permitido detectar estructuras que exceden ampliamente la venta informal individual. La existencia de bodegas clandestinas, distribución organizada de mercancías, ocupación permanente de determinados sectores y cobros ilegales por el uso del espacio público evidencian que, en algunos casos, existe un grado de organización incompatible con la simple informalidad.
La experiencia internacional entrega una advertencia adicional. La cooperación policial entre distintos países ha permitido observar que las organizaciones criminales transnacionales suelen incorporar el comercio ambulante ilegal dentro de un modelo mucho más amplio de economías ilícitas. No solo obtienen recursos económicos; también fortalecen su presencia territorial, generan redes de apoyo y consolidan mecanismos de control sobre determinados sectores urbanos. Por esa razón, limitar la discusión al retiro de puestos o al decomiso de mercadería resulta insuficiente. La intervención del espacio público constituye únicamente la parte visible del problema. La verdadera respuesta requiere investigar las cadenas de abastecimiento, identificar a quienes financian estas estructuras, perseguir el patrimonio obtenido ilícitamente, fortalecer los controles aduaneros y desarrollar una coordinación permanente entre municipios, policías, fiscalías, servicios tributarios y organismos fiscalizadores.
La recuperación del espacio público no constituye únicamente una medida de orden urbano. Representa una forma de recuperar la autoridad del Estado.
Cuando una comunidad percibe que una vereda, una plaza o una calle dejan de pertenecer a todos para quedar bajo el control de grupos que imponen sus propias reglas, comienza a debilitarse uno de los principios fundamentales de la convivencia democrática: que el espacio público pertenece a la ciudadanía y su administración corresponde únicamente a las instituciones legítimamente establecidas.
Porque el comercio ambulante ilegal no solo ocupa un espacio físico. En algunos casos, también ocupa el espacio que el Estado dejó de controlar. Y cuando la ilegalidad comienza a administrar las calles, recuperar la autoridad resulta mucho más complejo que haber impedido su pérdida desde el principio.
Autor: Richard Biernay Arriagada Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Prefecto (R) PDI
Consultor Senior, Especialista en seguridad y gobernanza territorial
