Hay asuntos que admiten matices, otros que permiten legítimas diferencias y algunos que, por su naturaleza, debieran convocar a un mínimo común nacional. La seguridad pertenece, precisamente, a esta última categoría.
Chile lleva años identificando la delincuencia, el crimen organizado y la sensación de inseguridad como algunas de sus principales preocupaciones. Sin embargo, cada vez que aparece una propuesta concreta para enfrentar este escenario —muchas de ellas anunciadas previamente durante campañas electorales— la discusión parece desplazarse rápidamente desde el problema hacia quien formula la propuesta, su sector político, sus eventuales motivaciones ideológicas o la forma en que pretende comunicarla.
Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿queremos realmente resolver el problema de la seguridad o queremos, simplemente, tener razón sobre él?
El fenómeno resulta particularmente contradictorio cuando se observa que buena parte de las medidas anunciadas no debieran sorprender. Fueron discutidas durante campañas, incorporadas en programas de gobierno y, en muchos casos, sometidas al escrutinio ciudadano. Es decir, existe una dimensión democrática evidente: los ciudadanos votan también considerando las propuestas que los candidatos presentan para enfrentar sus principales preocupaciones.
Pero una vez que esas propuestas llegan al ejercicio del poder, comienza otro debate. Se cuestionan sus fundamentos, sus énfasis, sus procedimientos, su oportunidad, sus costos, sus efectos políticos e incluso la manera en que son comunicadas.
Todo ello puede ser legítimo en una democracia, el problema aparece cuando la crítica política termina reemplazando a la discusión sobre qué funciona.
La seguridad no debería tener color político
Chile necesita recuperar una idea que parece elemental, pero que se ha ido diluyendo: la seguridad debe ser una política de Estado y no una política de administración.
Una política de Estado supone continuidad, supone que determinadas capacidades institucionales, estrategias contra el crimen organizado, fortalecimiento policial, inteligencia, prevención, persecución penal, control territorial y protección de las víctimas no comienzan desde cero cada vez que cambia el gobierno. También supone algo más difícil: reconocer que una buena política puede provenir del sector político contrario.
En seguridad, apropiarse políticamente de un resultado exitoso puede ser tentador. Pero también puede ser contraproducente. Si una medida funciona, el objetivo debiera ser fortalecerla, perfeccionarla y mantenerla, no desmontarla simplemente porque fue impulsada por otro gobierno.
La delincuencia no cambia de estrategia porque cambie el signo político de La Moneda.
Las organizaciones criminales no esperan una nueva elección para reorganizarse.
El crimen organizado no funciona con calendarios electorales.
Entonces, ¿por qué la respuesta del Estado debería hacerlo?
El síndrome de “dejar a todos contentos”
Existe además una dificultad cultural y política que Chile conoce bien: la pretensión de construir políticas públicas capaces de dejar a todos conformes.
En seguridad, esa aspiración puede resultar especialmente peligrosa, porque una estrategia destinada a enfrentar el crimen necesariamente tendrá costos, generará resistencia y producirá decisiones que no serán populares para todos.
Habrá quienes consideren que una medida es demasiado dura. Otros pensarán que es insuficiente. Algunos cuestionarán sus efectos sobre determinadas libertades; otros reclamarán precisamente por la falta de firmeza del Estado.
Pero una política de seguridad no puede evaluarse exclusivamente por el volumen de críticas que recibe. Debe evaluarse por su capacidad para prevenir delitos, desarticular organizaciones criminales, recuperar territorios, proteger a las personas y devolverle al ciudadano algo tan básico como la posibilidad de vivir sin miedo.
Ese debería ser el centro de la discusión.
El verdadero adversario está afuera
Hay una cuestión que debiera ser transversal: el adversario no es el gobierno de turno, ni la oposición, ni Carabineros, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni el Congreso.
El adversario es el delincuente y, especialmente, el crimen organizado que ha demostrado una capacidad creciente para adaptarse, financiarse, infiltrarse y utilizar nuevas herramientas para ampliar sus operaciones.
El Estado necesita discutir, fiscalizar y controlar. Por supuesto, pero también necesita actuar, y para actuar necesita instituciones capaces de trabajar coordinadamente, políticas sostenidas en el tiempo y una visión estratégica que sobreviva a los ciclos electorales.
Si Chile continúa respondiendo con un loop de declaraciones, disputas y contraargumentos, la pregunta ya no será quién ganó la discusión, será cuánto tiempo más perdimos sin ganar la batalla contra el delito.
Robert Gutter, director de Revista Seguridad
