La propuesta del Ejecutivo dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que busca otorgar facultades de actuación autónoma a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) dentro de las zonas bajo potestad aduanera, generó el rechazo de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH). El gremio se declaró en estado de alerta ante las implicancias operativas y normativas de la medida en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH), la respuesta fue inmediata al declararse en «estado de alerta». La preocupación no radica en rechazar la presencia policial ni en desacreditar el combate al narcotráfico, sino en la pérdida de la exclusividad operativa y la duplicidad de funciones. En la normativa vigente desde 2004 —consagrada en la Ordenanza de Aduanas—, la fiscalización de mercancías, el control de zonas primarias y el resguardo de la potestad tributaria de entrada y salida del país recaen de forma privativa sobre el Servicio Nacional de Aduanas.
Actualmente, de acuerdo con la legislación vigente contenida en la Ordenanza de Aduanas, la fiscalización de las mercancías y el resguardo de la potestad tributaria en las zonas primarias corresponden de forma privativa al Servicio Nacional de Aduanas. Las policías intervienen bajo la instrucción de los fiscales en el marco de investigaciones penales o mediante coordinación interinstitucional.
Principales argumentos técnicos y postura de las partes:
- Superposición de competencias: El gremio aduanero señala que dar autonomía a las fuerzas policiales dentro de los recintos aduaneros genera duplicidad de funciones y puede interferir con la revisión especializada del comercio exterior.
- Resguardo de la potestad aduanera: ANFACH sostiene que el combate al crimen organizado requiere el fortalecimiento de las capacidades del Servicio Nacional de Aduanas y no la transferencia de sus atribuciones a otras instituciones.
- Justificación del Ejecutivo: Por su parte, la autoridad central argumenta que la complejidad del crimen organizado en puntos estratégicos exige mayor presencia operativa y capacidad de reacción directa por parte de la PDI y Carabineros.
