Lo que comenzó como una herramienta recreativa hoy forma parte del arsenal tecnológico de las organizaciones criminales. Los drones ya no solo capturan imágenes desde el aire; también vigilan, transportan drogas, reconocen objetivos y desafían las capacidades tradicionales de la seguridad pública.
Durante los últimos años, los drones han revolucionado múltiples actividades civiles. Se utilizan en agricultura, construcción, emergencias, cartografía, periodismo y logística. Sin embargo, como ha ocurrido con muchas otras tecnologías, también han sido incorporados por organizaciones criminales que han descubierto en ellos una herramienta eficiente, económica y difícil de detectar. Hoy los drones representan una de las expresiones más visibles de la evolución tecnológica del crimen organizado.
La experiencia internacional demuestra que estas aeronaves no tripuladas ya son utilizadas para vigilar movimientos policiales, reconocer rutas de ingreso y salida, transportar pequeñas cantidades de droga, introducir teléfonos celulares, armas o drogas a recintos penitenciarios e incluso obtener información previa para planificar secuestros, robos o atentados.
En algunos países también han sido modificados para transportar explosivos improvisados o realizar ataques dirigidos, evidenciando un preocupante proceso de sofisticación tecnológica por parte de determinadas organizaciones criminales. Lo relevante no es únicamente la tecnología utilizada, sino el cambio de paradigma que representa.
Durante décadas, la superioridad tecnológica pertenecía principalmente al Estado. Hoy esa ventaja comienza a reducirse. Las organizaciones criminales acceden con facilidad a equipos comerciales de alta calidad, los modifican según sus necesidades y aprovechan la velocidad con que evoluciona la innovación tecnológica.
Chile no está ajeno a esta realidad. Diversos procedimientos policiales han evidenciado la utilización de drones para observar procedimientos, monitorear desplazamientos policiales, registrar instalaciones críticas y apoyar actividades vinculadas al narcotráfico. Del mismo modo, Gendarmería ha detectado en distintas oportunidades intentos de ingreso de teléfonos celulares, drogas y otros elementos prohibidos mediante aeronaves no tripuladas.
La experiencia comparada también demuestra que los drones rara vez constituyen un fenómeno aislado. Habitualmente forman parte de estructuras criminales mucho más complejas, donde la tecnología se integra con actividades como el tráfico de drogas, el lavado de activos, la inteligencia criminal, el sicariato y el control territorial.
La cooperación policial internacional ha permitido observar que las organizaciones criminales comparten rápidamente estas innovaciones. Cuando una nueva modalidad demuestra ser eficaz en un país, suele replicarse con rapidez en otros mercados ilícitos. Esa capacidad de adaptación constituye una de las principales fortalezas del crimen organizado contemporáneo. Por ello, la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente aç incautar drones o aumentar las sanciones penales. La verdadera respuesta debe centrarse en fortalecer las capacidades de inteligencia, desarrollar tecnologías de detección e inhibición, perfeccionar los marcos regulatorios y mejorar la coordinación entre policías, fiscalías, autoridades aeronáuticas y organismos especializados.
La seguridad del siglo XXI ya no depende únicamente del número de policías desplegados en las calles. Depende también de la capacidad para comprender cómo evoluciona la tecnología y cómo esa evolución modifica las amenazas que enfrenta una sociedad.
La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales siempre buscarán aprovechar cualquier innovación que aumente sus capacidades operativas. La pregunta no es si seguirán incorporando nuevas tecnologías.
La verdadera pregunta es si el Estado será capaz de innovar con la misma rapidez. Porque los drones no representan únicamente un nuevo medio para cometer delitos. Representan un cambio profundo en la manera en que el crimen organizado observa, planifica y ejecuta sus operaciones. Y comprender esa transformación constituye hoy uno de los principales desafíos para construir una seguridad pública verdaderamente preparada para el futuro.
Autor: Richard Biernay Arriagada Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Prefecto (R) PDI
Consultor Senior, Especialista en seguridad y gobernanza territorial
