La presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast, marcó un hito político y normativo al proponer transformaciones de rango constitucional y herramientas operativas inéditas.
Sin embargo, a solo horas de finalizada la alocución presidencial, el escenario público se vio inundado por una inmediata oleada de críticas provenientes de diversos sectores políticos y legislativos.
La doctrina de seguridad pública y los análisis de los principales observadores delictuales coinciden en que el combate a estructuras criminales transnacionales exige una postura unificada y sin fisuras por parte de todos los poderes del Estado. Cuando el crimen organizado muta hacia delitos de alta connotación como las extorsiones, los secuestros extorsivos y el control territorial, la respuesta institucional no puede quedar sujeta a la fricción político-partidista.
El resguardo de las familias, el libre tránsito por las vías urbanas y la protección de los entornos escolares constituyen derechos habilitantes mínimos que demandan un consenso nacional inmediato. Elevar la seguridad pública a rango constitucional, ampliar el plazo de flagrancia a 24 horas y agilizar los decomisos patrimoniales son medidas estructurales que requieren una tramitación urgente, lejos de los tradicionales cálculos de trinchera legislativa que dilatan las soluciones urgentes.
La fragmentación política como vector de ventaja delictual
El aspecto más complejo de la proliferación de críticas cruzadas en el Congreso y las plataformas de discusión pública radica en el mensaje indirecto que se transmite hacia el ecosistema criminal. Las organizaciones delictivas operan bajo un análisis racional de costo-beneficio y evalúan constantemente las capacidades de reacción del adversario, que en este caso es el Estado
El Ejecutivo fijó un plazo perentorio e instruyó a los ministerios del comité político para despachar el paquete de 30 proyectos antes de las festividades de fin de año. El éxito de la agenda ACOT no dependerá únicamente de la firmeza del discurso presidencial, sino de la capacidad real de los parlamentarios para comprender que la delincuencia no reconoce colores políticos ni ideologías. Superar la división histórica y avanzar hacia un frente común es el único camino técnico para evitar que los delincuentes sigan ganando terreno a costa de la tranquilidad de la ciudadanía
