El Gobierno trabaja en una reforma constitucional orientada a permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en zonas complejas. Impulsado por el ministro Martín Arrau, el proyecto se halla en fase técnica y contempla crear una quinta herramienta de excepción ante eventos de afección pública.
El Palacio de La Moneda se encuentra evaluando de forma prioritaria el diseño de un mecanismo político y administrativo que facultaría el despliegue de contingentes de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas delimitadas que se han visto severamente golpeadas por la delincuencia organizada y el uso de armamento de alto poder de fuego. La medida, que marca un quiebre en la gestión tradicional de la seguridad pública, busca responder de manera inmediata a la crisis de violencia delictual urbana que afecta a diversos barrios de la Región Metropolitana y otras capitales regionales.
El desafío actual radica en adaptar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para un escenario de alta densidad poblacional, donde el personal militar debe operar bajo estrictos protocolos de derechos humanos y coordinación jerárquica con las policías locales.
El mecanismo técnico y el control perimetral
El diseño de la herramienta legal en estudio no contempla un Estado de Excepción Constitucional tradicional que restrinja las libertades individuales de forma generalizada. Por el contrario, la propuesta técnica apunta a una intervención focalizada bajo la figura de protección de infraestructura crítica o perímetros urbanos delimitados, lo que permitiría una optimización táctica de las capacidades del Estado:
- Puntos de Control Fijos: Las unidades militares asumirían la custodia física y el control perimetral de nodos estratégicos de transporte (como paraderos de alta afluencia y estaciones de Metro), accesos a recintos de salud pública y perímetros industriales vulnerables.
- Liberación de Contingente Policial: Al delegar la vigilancia estática de estas instalaciones en personal militar debidamente equipado, Carabineros de Chile podría liberar de forma automática a cientos de funcionarios de tareas fijas, reasignándolos directamente a patrullajes operativos, persecución penal de bandas criminales y control de delitos en los barrios.
