En el marco de un foro internacional organizado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS Gobierno anunció ayer que elabora un proyecto de reforma para elevar la regulación de la seguridad pública a rango constitucional.
El Gobierno impulsa una modificación a la Constitución que busca reconocer la seguridad pública como un principio fundamental del Estado. La iniciativa pretende fortalecer el respaldo jurídico de las políticas de seguridad, otorgar mayor estabilidad a futuras leyes y dotar al país de herramientas acordes con la creciente amenaza del crimen organizado, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El debate promete convertirse en uno de los más trascendentes para el futuro de la seguridad nacional.
La seguridad pública ha dejado de ser únicamente una política sectorial para transformarse en uno de los principales pilares sobre los cuales descansa la gobernabilidad de los Estados modernos. El aumento de la violencia, la expansión de organizaciones criminales internacionales, la sofisticación del narcotráfico y el crecimiento de delitos complejos han obligado a numerosos países a revisar sus marcos legales con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para responder a amenazas cada vez más dinámicas.
Chile no es ajeno a esta realidad.
Con ese diagnóstico como punto de partida, el Gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional destinado a elevar la seguridad pública a rango constitucional, una iniciativa que, de aprobarse, podría modificar de manera significativa el marco jurídico sobre el cual se diseñarán las futuras políticas de seguridad del país.
Una señal política de alto impacto
Más que una modificación técnica, la propuesta constituye una definición estratégica acerca del rol que debe asumir el Estado frente a los desafíos que plantea el crimen organizado.
La iniciativa busca establecer expresamente que la protección de la seguridad pública constituye una obligación permanente del Estado y un principio constitucional que deberá ser considerado al momento de legislar y de interpretar futuras normas relacionadas con el orden público, la persecución penal y la protección de la ciudadanía.
Para el Ejecutivo, esta modificación permitiría equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de entregar respuestas eficaces frente a organizaciones criminales que hoy operan con elevados niveles de planificación, financiamiento y capacidad tecnológica.
El origen de la reforma
La propuesta surge tras diversos fallos del Tribunal Constitucional que limitaron algunas herramientas legislativas impulsadas en materia de seguridad, reabriendo el debate sobre si el actual texto constitucional entrega suficiente respaldo jurídico a las políticas destinadas a combatir la delincuencia.
La discusión no es menor.
Mientras los derechos fundamentales cuentan con un amplio desarrollo constitucional, la seguridad pública no posee actualmente un reconocimiento específico como principio constitucional autónomo, situación que —según los impulsores de la iniciativa— genera un desequilibrio al momento de evaluar determinadas normas.
El objetivo de la reforma es incorporar la seguridad pública como un elemento que también deba ser ponderado por los tribunales al analizar la constitucionalidad de futuras leyes.
Más herramientas para enfrentar amenazas complejas
La evolución del fenómeno criminal ha transformado profundamente el escenario de seguridad.
Las organizaciones delictuales ya no operan únicamente a nivel local. Hoy mantienen estructuras transnacionales, utilizan plataformas digitales para coordinar operaciones, recurren al lavado de activos mediante sofisticados mecanismos financieros y aprovechan las debilidades institucionales para expandir sus actividades.
Frente a esta realidad, el Estado requiere marcos normativos suficientemente sólidos para implementar políticas que fortalezcan la inteligencia, la investigación criminal, la cooperación internacional, el control fronterizo y la protección de infraestructura crítica.
La reforma constitucional pretende convertirse precisamente en ese soporte jurídico de largo plazo.
Un debate que trasciende lo jurídico
La iniciativa también abre una discusión respecto del equilibrio entre seguridad y libertades individuales.
Quienes respaldan la reforma sostienen que la seguridad constituye un derecho habilitante para el ejercicio efectivo de todas las demás libertades. Sin condiciones mínimas de seguridad, argumentan, resulta imposible garantizar plenamente el desarrollo económico, la inversión, la educación o el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
Sus detractores, en tanto, advierten sobre la necesidad de evitar que el fortalecimiento de las facultades estatales pueda traducirse en restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales, insistiendo en que cualquier modificación constitucional debe preservar plenamente los principios propios de un Estado democrático de derecho.
Una reforma con proyección estratégica
Especialistas coinciden en que la discusión trasciende el actual escenario político.
La incorporación de la seguridad pública al texto constitucional podría convertirse en la base jurídica sobre la cual se desarrollen futuras reformas legales relacionadas con el combate al crimen organizado, la protección de infraestructura crítica, la ciberseguridad, la seguridad fronteriza, la inteligencia del Estado y la modernización de las instituciones encargadas del orden público.
En otras palabras, no se trata únicamente de una reforma constitucional, sino de la construcción de un nuevo marco estratégico para la seguridad nacional.
