Las tomas irregulares representan uno de los fenómenos urbanos más complejos que enfrenta Chile. Aunque muchas surgen como respuesta a una necesidad habitacional, la experiencia demuestra que, cuando permanecen durante años sin una respuesta integral del Estado, pueden transformarse en espacios donde proliferan economías ilícitas, violencia y formas de control incompatibles con el Estado de Derecho.
En los últimos años, las tomas irregulares han vuelto a instalarse con fuerza en el debate nacional. La denominada Megatoma de San Antonio, junto con otros asentamientos de gran tamaño en la Región Metropolitana y distintas regiones del país, ha evidenciado que este fenómeno ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del déficit habitacional. También constituye un desafío para la seguridad pública, la planificación urbana y la gobernanza del territorio.
Una toma irregular corresponde a la ocupación de un terreno sin autorización de su propietario ni respaldo legal. Habitualmente comienza con la instalación de un reducido número de familias, pero, con el paso del tiempo, incorpora nuevas ocupaciones, subdivisiones informales y construcciones precarias. Luego aparecen conexiones irregulares a los servicios básicos, cierres perimetrales, apertura de calles improvisadas y formas de organización interna que buscan consolidar el asentamiento. Finalmente, suelen impulsarse procesos políticos, administrativos o judiciales destinados a obtener la regularización del terreno o una solución habitacional definitiva.
Este fenómeno forma parte de la historia urbana de Chile y ha estado presente durante distintas etapas del desarrollo del país. En muchas oportunidades ha sido impulsado o respaldado por dirigentes sociales, organizaciones territoriales e incluso actores políticos que han visto en la ocupación de terrenos una forma de presionar por soluciones habitacionales. Esa realidad no puede desconocerse y forma parte de la evolución de nuestras ciudades.
Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando estas ocupaciones permanecen durante años sin planificación, sin urbanización y con una presencia insuficiente del Estado, comienzan a aparecer riesgos que trascienden ampliamente el ámbito social.
La criminología ha estudiado durante décadas cómo el deterioro progresivo de un entorno puede favorecer la aparición de fenómenos delictivos de mayor complejidad. La conocida Teoría de las Ventanas Rotas, desarrollada por James Q. Wilson y George L. Kelling, sostuvo precisamente que los signos visibles de abandono, desorden y ausencia de control generan condiciones propicias para nuevas conductas antisociales. Aunque las tomas irregulares responden a una realidad distinta, ambas situaciones comparten un principio común: cuando la pérdida de control territorial se prolonga en el tiempo y el deterioro se normaliza, aumentan las oportunidades para que otros actores ocupen ese espacio.
No todas las tomas evolucionan hacia escenarios de criminalidad. Sería un error afirmarlo. Muchas corresponden a familias que buscan legítimamente una solución habitacional. Sin embargo, también es cierto que diversas investigaciones policiales y judiciales han demostrado que algunas ocupaciones irregulares han sido utilizadas para desarrollar actividades ilícitas como tráfico y microtráfico de drogas, receptación de especies robadas, comercio ilegal, usura mediante préstamos conocidos como “gota a gota”, arriendos clandestinos a personas migrantes, extorsiones, secuestros, delitos sexuales y otras actividades vinculadas al crimen organizado.
A ello suelen sumarse problemas permanentes de incivilidades, acumulación de residuos, conexiones eléctricas clandestinas, infraestructura insegura, escasa iluminación y dificultades para el acceso de vehículos de emergencia, policías y otros servicios públicos. Estas condiciones deterioran la calidad de vida de quienes habitan esos sectores y aumentan la vulnerabilidad frente a la acción de organizaciones criminales.
La literatura especializada denomina gobernanza criminal al proceso mediante el cual organizaciones delictivas comienzan a ejercer, de hecho, formas de autoridad sobre determinados territorios. Controlan economías ilegales, intimidan a la población, resuelven conflictos mediante la violencia e imponen reglas propias allí donde la presencia del Estado resulta insuficiente.
La experiencia internacional también entrega una advertencia. La cooperación policial entre distintos países ha permitido observar que las organizaciones criminales transnacionales no solo exportan drogas, armas o personas. También replican modelos de ocupación y control territorial que les permiten consolidar economías ilícitas y fortalecer su influencia allí donde encuentran espacios con menor capacidad de respuesta institucional. Comprender cómo evolucionaron estos fenómenos en otros países constituye una herramienta fundamental para anticipar riesgos y evitar que Chile repita experiencias que hoy resultan extremadamente difíciles de revertir.
Por ello, abordar las tomas irregulares exige una mirada mucho más amplia que la discusión sobre vivienda. Requiere políticas habitacionales eficaces, planificación urbana, recuperación de espacios públicos, inteligencia criminal, persecución patrimonial de las organizaciones delictivas y una coordinación permanente entre municipios, policías, fiscalías, servicios públicos y la comunidad.
La historia demuestra que recuperar un territorio siempre resulta más difícil y costoso que evitar su deterioro.
Las organizaciones criminales no crean los vacíos de autoridad. Los ocupan.
Cada espacio donde el Estado deja de ejercer plenamente su presencia representa una oportunidad para quienes buscan imponer sus propias reglas mediante el miedo y la ilegalidad. Por eso, la verdadera discusión no consiste únicamente en quién ocupa un terreno. La pregunta de fondo es quién ejerce realmente la autoridad sobre ese territorio.
Porque un territorio nunca permanece sin control. La única pregunta es quién termina ejerciéndolo.
Autor: Richard Biernay Arriagada Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Prefecto (R) PDI
Consultor Senior, Especialista en seguridad y gobernanza territorial
