La violencia escolar extrema en Chile ha dejado de ser un problema netamente de convivencia estudiantil para transformarse en una prioridad de persecución penal de alta complejidad. Los recientes ataques en liceos emblemáticos evidencian que los eventos de violencia urbana y la preparación de artefactos dentro de recintos educacionales involucran factores externos.
Las líneas de investigación policial del OS9 y el Ministerio Público apuntan a tres focos clave mediante nuevas diligencias:
1. El rol de adultos y redes de apoyo externas
Las indagatorias buscan identificar las estructuras que operan detrás de los menores de edad:
- Adoctrinamiento y logística: Tras los incidentes en el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y autoridades metropolitanas confirmaron la presencia e instigación de adultos externos en los desórdenes.
- Financiamiento: Las diligencias judiciales persiguen la trazabilidad del dinero para la adquisición masiva de insumos (como los tradicionales overoles blancos, combustibles y fluidos acelerantes).
2. Preparación e ingreso de artefactos al interior de los planteles
Los recintos educacionales han sido utilizados como laboratorios de acopio y fabricación:
- Fábricas intramuros: Peritajes del GOPE de Carabineros demuestran que grupos de encapuchados confeccionan las bombas molotov dentro de los patios o baños antes de salir a atacar la vía pública.
- Hallazgos masivos: Allanamientos y revisiones preventivas en establecimientos como el Liceo Lastarria o en sectores comerciales aledaños han permitido incautar bidones de combustible, botellas con mechas preparadas y elementos pirotécnicos ocultos en mochilas escolares.
3. Participación de terceros y complicidad institucional
La severidad de las nuevas diligencias abarca el entorno inmediato que facilita o tolera las acciones delictivas:
- Investigación a personal docente: La justicia indaga la presunta colaboración o facilitación de dependencias por parte de funcionarios de los recintos, lo que ya ha derivado en suspensiones de personal bajo sospecha de complicidad.
- Querellas criminales: Sostenedores municipales y delegaciones presidenciales han interpuesto recursos legales por homicidio frustrado debido al impacto de estos artefactos en la población civil (como el reciente ataque que afectó a un vehículo particular con niños en su interior).
