El poder del crimen organizado no se mide únicamente por la cantidad de delitos que comete. Su mayor amenaza aparece cuando logra imponer sus propias reglas, controlar territorios y hacer que la comunidad deje de confiar en la capacidad del Estado para protegerla.
Cuando se habla de crimen organizado, la atención suele concentrarse en los homicidios, el narcotráfico o las grandes incautaciones de droga. Sin embargo, existe un fenómeno mucho más silencioso y complejo que muchas veces pasa inadvertido: el control territorial.
Las organizaciones criminales no necesitan dominar una ciudad completa para transformarse en una amenaza para la seguridad pública. Les basta con controlar algunos barrios estratégicos, imponer sus reglas y conseguir que vecinos, comerciantes e incluso quienes viven allí comiencen a aceptar que determinadas decisiones ya no dependen de la autoridad, sino de quienes ejercen el poder mediante la intimidación.
Ese momento marca un punto de inflexión. El delito deja de ser un hecho aislado para transformarse en una forma de gobernanza criminal.
El control territorial no comienza con enfrentamientos armados ni con demostraciones masivas de violencia. Generalmente se instala de manera gradual. Primero aparecen las incivilidades y el deterioro del espacio público. Luego se consolidan economías ilícitas como el tráfico de drogas, el comercio ilegal o la extorsión. Más tarde llegan las amenazas, el silencio de las víctimas y la disminución progresiva de la presencia institucional.
Con el tiempo, las organizaciones criminales comienzan a decidir quién puede vender en un sector, quién puede desarrollar una actividad económica, quién debe pagar por “protección” y, en los casos más graves, quién puede permanecer o no dentro de un territorio.
Cuando eso ocurre, el crimen organizado deja de competir con el Estado. Comienza a sustituir algunas de sus funciones.
La literatura especializada denomina este fenómeno gobernanza criminal: situaciones en las que grupos delictivos ejercen, de hecho, formas de autoridad sobre una comunidad mediante la coerción, el miedo o el control de economías ilegales. Allí donde las instituciones pierden capacidad para ejercer plenamente sus funciones, otros actores intentan ocupar ese espacio.
La experiencia internacional demuestra que este proceso no es exclusivo de un país. En distintas regiones de América Latina, organizaciones criminales han reproducido patrones muy similares: aprovechan territorios vulnerables, construyen redes de apoyo mediante actividades ilícitas y terminan imponiendo reglas paralelas a las establecidas por las instituciones públicas.
La cooperación policial internacional también ha permitido observar que estas organizaciones no solo trafican drogas, armas o personas. Del mismo modo, exportan modelos de funcionamiento criminal que se adaptan rápidamente a nuevas realidades y cruzan fronteras con notable facilidad. Comprender cómo evolucionaron estos fenómenos en otros países permite anticipar riesgos y fortalecer las capacidades preventivas antes de que el problema alcance mayores niveles de complejidad.
Chile aún está a tiempo de evitar que estos procesos se consoliden. La respuesta no puede limitarse únicamente a reaccionar frente a hechos de violencia o aumentar la presencia policial cuando el problema ya se ha instalado. Recuperar el control territorial exige una acción coordinada entre policías, municipios, fiscalías, servicios públicos y la propia comunidad. Significa intervenir tempranamente los barrios, recuperar los espacios públicos, fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el patrimonio de las organizaciones delictivas y, sobre todo, impedir que el miedo termine reemplazando la confianza en las instituciones.
La experiencia comparada demuestra que recuperar un territorio siempre resulta mucho más difícil y costoso que evitar perderlo.
Las organizaciones criminales no comienzan gobernando un país.
Comienzan gobernando una esquina.
Después una calle.
Luego un barrio.
Y cuando la comunidad termina aceptando que las reglas las impone el delincuente y no el Estado, recuperar ese territorio exige mucho más que procedimientos policiales. Requiere reconstruir la confianza, restablecer la presencia institucional y demostrar que la autoridad legítima nunca debió abandonar ese espacio.
Porque la mayor fortaleza de una política moderna de seguridad no consiste únicamente en perseguir el delito. Consiste, sobre todo, en impedir que alguien distinto al Estado llegue a ejercer el control sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Autor: Richard Biernay Arriagada Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Prefecto (R) PDI
Consultor Senior, Especialista en seguridad y gobernanza territorial
