La implementación de la Ley N.º 21.659 abrió una nueva etapa para la seguridad privada en Chile. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la industria, la incorporación de nuevas tecnologías y el aumento de las exigencias regulatorias han instalado una pregunta cada vez más presente entre especialistas, gremios y empresas: ¿es momento de crear una Superintendencia de Seguridad Privada? La propuesta busca dotar al sector de una autoridad técnica especializada, fortalecer la fiscalización, profesionalizar la actividad y consolidar un modelo de gobernanza acorde con los desafíos actuales de la seguridad.
La evolución de un sector que hoy es esencial
La seguridad privada dejó hace años de ser una actividad meramente complementaria. Hoy constituye un componente fundamental para la protección de personas, empresas, instituciones públicas e infraestructura crítica. Miles de guardias de seguridad, vigilantes privados, operadores de centros de monitoreo, consultores, integradores tecnológicos y profesionales de la gestión de riesgos participan diariamente en la prevención de incidentes que afectan a hospitales, puertos, aeropuertos, centros comerciales, instalaciones industriales, edificios corporativos y condominios a lo largo del país.
A esta realidad se suma un mercado en constante evolución, impulsado por soluciones de videovigilancia inteligente, inteligencia artificial, biometría, analítica de video, drones y plataformas de ciberseguridad, que exigen una regulación cada vez más especializada.
En este contexto, diversos actores del sector consideran que la institucionalidad vigente comienza a mostrar señales de agotamiento frente a las nuevas dimensiones que ha adquirido la industria.
Una autoridad especializada para una industria especializada
Uno de los principales argumentos a favor de una Superintendencia de Seguridad Privada es la necesidad de separar las funciones policiales de las funciones regulatorias.
Actualmente, la supervisión del sector se desarrolla en un marco donde la prioridad institucional está orientada al orden público, la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Si bien este modelo ha permitido importantes avances, el crecimiento de la industria plantea la conveniencia de contar con un organismo cuya misión exclusiva sea regular, fiscalizar y promover el desarrollo de la seguridad privada.
Una superintendencia podría asumir competencias como:
- autorización y registro de empresas;
- acreditación de guardias, vigilantes y profesionales del sector;
- fiscalización del cumplimiento normativo;
- aplicación de procedimientos sancionatorios con criterios uniformes;
- administración de registros nacionales;
- elaboración de estadísticas e indicadores;
- emisión de normas técnicas y circulares interpretativas.
Profesionalización como eje del desarrollo
Uno de los mayores desafíos de la industria continúa siendo la consolidación de estándares homogéneos de formación y certificación.
Una autoridad especializada permitiría fortalecer los procesos de capacitación, actualizar permanentemente las competencias laborales e impulsar programas de certificación alineados con las mejores prácticas internacionales.
La profesionalización no solo beneficia a quienes trabajan en el sector. También incrementa la confianza de clientes, usuarios y organismos públicos, favoreciendo un mercado más competitivo y transparente.
Fiscalización más eficiente y reglas más claras
La aplicación uniforme de la normativa constituye otra de las ventajas ampliamente mencionadas.
Las empresas requieren certeza jurídica para planificar inversiones, implementar nuevas tecnologías y cumplir adecuadamente sus obligaciones regulatorias.
Una Superintendencia de Seguridad Privada podría establecer criterios técnicos comunes para todo el país, reducir diferencias interpretativas y avanzar hacia procesos completamente digitalizados para autorizaciones, renovaciones, acreditaciones y fiscalizaciones.
La utilización de plataformas electrónicas también permitiría disminuir tiempos de tramitación y fortalecer la trazabilidad de los procedimientos administrativos.
Un observatorio permanente para la seguridad privada
Además de fiscalizar, una superintendencia podría transformarse en un centro nacional de inteligencia estadística para el sector.
Contar con información consolidada sobre empresas autorizadas, cantidad de guardias, inversión tecnológica, incidentes, certificaciones y evolución del mercado permitiría diseñar políticas públicas basadas en evidencia y orientar de mejor forma el crecimiento de la industria.
Asimismo, facilitaría la coordinación entre organismos públicos, municipios, gremios empresariales, universidades y centros de investigación.
Innovación y adaptación frente a nuevas amenazas
La irrupción de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, la analítica predictiva y las amenazas híbridas obliga a que el marco regulatorio mantenga un proceso permanente de actualización.
Una autoridad técnica especializada tendría mayores capacidades para elaborar normas que acompañen la innovación tecnológica sin afectar la competitividad del sector ni la protección de los derechos de las personas.
Los desafíos de una nueva institucionalidad
Como toda reforma institucional, la creación de una superintendencia requiere un diseño cuidadoso.
Será necesario definir claramente sus atribuciones, establecer mecanismos de coordinación con las instituciones públicas vinculadas a la seguridad, asegurar recursos suficientes para su funcionamiento y evitar duplicidades administrativas.
La independencia técnica, la transparencia y la participación de los distintos actores de la industria serán elementos determinantes para el éxito de cualquier nuevo modelo regulatorio.
Una discusión que trasciende al sector
La seguridad privada se ha consolidado como un actor relevante dentro del sistema nacional de seguridad. Su contribución a la protección de activos estratégicos, la continuidad operacional y la prevención de riesgos resulta cada vez más evidente.
En ese escenario, el debate sobre la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada no debe entenderse únicamente como una aspiración institucional del sector, sino como una oportunidad para modernizar la gobernanza, fortalecer la confianza pública y construir un marco regulatorio preparado para enfrentar los desafíos de las próximas décadas.
La experiencia internacional demuestra que los países que han avanzado hacia modelos de supervisión especializados han logrado elevar los estándares de calidad, fortalecer la transparencia y promover una mayor profesionalización de la industria.
Chile cuenta hoy con la oportunidad de abrir ese debate con una visión estratégica, considerando que la seguridad privada ya no es un actor periférico, sino un componente indispensable del sistema de seguridad nacional.
Reunión convocada por la Subsecretaría de la prevención del delito este 10 de julio
