La creciente participación de adolescentes en delitos violentos y en estructuras vinculadas al crimen organizado ha reactivado el debate sobre la necesidad de modernizar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese contexto, un grupo de alcaldes se reunió con el ministro de Justicia Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para entregar una propuesta de modificaciones legales orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia juvenil y mejorar la coordinación institucional.
La reunión se produce en un escenario en el que diversas autoridades comunales han manifestado su preocupación por el aumento de delitos cometidos por menores de edad, particularmente en robos con violencia, encerronas, portonazos, homicidios y otros ilícitos asociados a organizaciones criminales que utilizan adolescentes para reducir la exposición penal de sus estructuras.
Durante el encuentro, los alcaldes plantearon la necesidad de revisar aspectos sustantivos de la legislación vigente, argumentando que el fenómeno criminal ha evolucionado significativamente desde la entrada en vigencia de la normativa. Entre las materias abordadas destacan el fortalecimiento de las medidas aplicables a adolescentes reincidentes, la revisión de los criterios para enfrentar delitos de mayor gravedad, el perfeccionamiento de los programas de intervención y reinserción, y una mayor articulación entre municipios, policías, el Ministerio Público y los organismos especializados en infancia.
La propuesta fue suscrita por los alcaldes y alcaldesas Camila Merino, de Vitacura; Claudio Castro, de Renca; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Christopher White, de San Bernardo; Carol Bown, de San Miguel; Javiera Reyes, de Lo Espejo; Jaime Bellolio, de Providencia; Gustavo Toro, de San Ramón; Karina Delfino, de Quinta Normal; Isabel Valenzuela, de Colina; y Tomás Vodanovic, de Maipú.
El ministro Rabat recibió el documento y señaló que las propuestas serán analizadas en el marco de la agenda legislativa del Ejecutivo, destacando que cualquier reforma deberá mantener el equilibrio entre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la necesidad de contar con herramientas eficaces para enfrentar nuevas formas de criminalidad.
El rol de los municipios en la prevención
Los municipios han adquirido un papel cada vez más relevante en la prevención del delito mediante sistemas de televigilancia, patrullaje preventivo, recuperación de espacios públicos y programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de riesgo. Sin embargo, los alcaldes sostienen que estas acciones requieren ser complementadas por un marco legal que permita responder de manera más efectiva frente a adolescentes con trayectorias delictivas persistentes.
Desde el ámbito municipal también se plantea la necesidad de fortalecer el intercambio de información entre las instituciones responsables de la persecución penal y de la protección de la infancia, con el propósito de identificar oportunamente factores de riesgo y desarrollar intervenciones preventivas antes de que los menores sean captados por organizaciones criminales.
La reunión entre los alcaldes y el ministro Rabat constituye un nuevo paso en un debate que probablemente marcará parte importante de la agenda legislativa en materia de seguridad durante los próximos meses. La forma en que el Estado logre equilibrar la protección de los derechos de los adolescentes con la necesidad de enfrentar el avance del crimen organizado será uno de los principales desafíos de la política criminal chilena
