En el marco de la discusión legislativa sobre nuevas herramientas para fortalecer la seguridad pública y la protección del orden público, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, asistió este lunes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados para defender el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo para enfrentar hechos de violencia urbana y daños reiterados contra bienes públicos y privados, estableciendo un sistema de registro de personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos asociados a actos vandálicos e incivilidades.
Durante su intervención, el ministro sostuvo que la propuesta busca entregar una herramienta adicional para prevenir la reincidencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública. Asimismo, enfatizó que el registro operará dentro del marco constitucional, respetando las garantías del debido proceso y la protección de los datos personales, al incorporar únicamente a personas condenadas por los tribunales de justicia.
La iniciativa ha generado un amplio debate entre parlamentarios y especialistas. Sus partidarios sostienen que permitirá mejorar la trazabilidad de quienes participan de manera reiterada en hechos de violencia, facilitará la labor preventiva de las autoridades y contribuirá a desincentivar conductas que afectan la convivencia y el patrimonio público y privado.
En contraste, algunos sectores han planteado inquietudes respecto del alcance del registro, la proporcionalidad de las medidas y la necesidad de resguardar adecuadamente los derechos fundamentales de las personas una vez cumplidas las sanciones impuestas por los tribunales.
La comparecencia del ministro Alvarado se enmarca en la tramitación de una serie de proyectos orientados a reforzar el combate contra la delincuencia, el crimen organizado y las manifestaciones violentas que han afectado distintos espacios públicos del país.
Desde una perspectiva de seguridad pública, los registros de personas condenadas constituyen una herramienta utilizada en diversos países para apoyar procesos de control administrativo, planificación policial y prevención de la reincidencia. Sin embargo, su eficacia depende de una regulación precisa respecto de los delitos incorporados, el acceso a la información, los plazos de permanencia en el registro y las garantías para evitar un uso indebido de los datos.
En el caso chileno, el debate legislativo deberá equilibrar la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la violencia y el vandalismo con el respeto a los principios de proporcionalidad, reinserción social y protección de los derechos fundamentales, aspectos que serán determinantes durante la discusión en particular del proyecto.
