El Gobierno chileno anunció que presentará una propuesta para que adolescentes de 16 y 17 años que cometan determinados delitos de especial gravedad puedan ser juzgados por la justicia penal ordinaria, dejando de estar sometidos exclusivamente al régimen establecido por la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.
La iniciativa, que forma parte de una agenda de fortalecimiento de la seguridad pública, busca que los casos más graves —como homicidios, secuestros, violaciones u otros delitos violentos que determine el proyecto— puedan ser conocidos por tribunales penales de adultos, con la aplicación de sanciones más severas. El Ejecutivo ha señalado que la propuesta considera definir criterios específicos para autorizar el traspaso de jurisdicción y resguardar las garantías del debido proceso.
Actualmente, en Chile:
- Los adolescentes entre 14 y 17 años responden penalmente bajo un sistema especializado.
- La justicia juvenil contempla sanciones diferenciadas de las aplicables a los adultos, privilegiando la reinserción social, aunque también contempla penas privativas de libertad para delitos graves.
- Los menores de 14 años son inimputables penalmente.
La propuesta abre un debate jurídico y político de amplio alcance. Entre quienes la respaldan se sostiene que el aumento de la participación de adolescentes en delitos violentos exige una respuesta penal más firme y proporcional a la gravedad de los hechos. En cambio, sus detractores advierten que trasladar adolescentes a la justicia ordinaria podría contravenir principios de especialización de la justicia juvenil y compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
La propuesta deberá materializarse en un proyecto de ley que será discutido en el Congreso Nacional, donde se definirán los delitos alcanzados, los requisitos para el traspaso de jurisdicción y las eventuales modificaciones al sistema de responsabilidad penal adolescente.
