En medio del intenso debate nacional sobre la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado, el Gobierno de Chile volvió a fijar una posición clara respecto al rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior: los militares no serán utilizados de manera permanente para el control del orden público en las calles, manteniéndose su función principal ligada a la defensa nacional y a situaciones excepcionales establecidas por la Constitución.
La postura del Ejecutivo se sustenta en que las labores de seguridad ciudadana corresponden principalmente a las policías, organismos que cuentan con la formación, doctrina y marco legal específico para enfrentar delitos, realizar procedimientos policiales y mantener el orden público. Desde el Gobierno se ha insistido en que la solución a la delincuencia pasa por fortalecer las capacidades operativas de las policías, mejorar la coordinación institucional y dotar de mayores herramientas al sistema de persecución penal.
No obstante, la autoridad ha reconocido que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en circunstancias extraordinarias, como ocurre actualmente en determinadas zonas bajo estado de excepción constitucional o en labores de resguardo fronterizo. De hecho, la legislación vigente contempla la participación militar en escenarios excepcionales cuando así lo exige la seguridad nacional o la protección de infraestructura crítica.
La decisión ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores valoran la defensa del carácter profesional y especializado de las Fuerzas Armadas, otros sostienen que la magnitud de la crisis de seguridad requiere medidas más drásticas y una participación más activa de los militares en zonas urbanas de alta complejidad. El debate no es nuevo y ha estado presente en distintos gobiernos, reflejando la tensión entre la necesidad de combatir la delincuencia y la preservación de los roles institucionales definidos por la Constitución.
Lo cierto es que, por ahora, La Moneda apuesta por una estrategia centrada en el fortalecimiento de las policías, el combate al crimen organizado y la recuperación de los territorios dominados por la delincuencia, descartando que las Fuerzas Armadas se transformen en un actor permanente de la seguridad pública cotidiana.
¿Una oportunidad perdida?
Para numerosos alcaldes, expertos en seguridad y organizaciones ciudadanas, la negativa a incorporar de forma más amplia a las Fuerzas Armadas constituye una señal preocupante en momentos en que el país enfrenta niveles de violencia inéditos, con fenómenos como el sicariato, los secuestros y la expansión de organizaciones criminales transnacionales. Sus partidarios argumentan que los militares podrían liberar recursos policiales para concentrarlos en la investigación y persecución de delitos complejos.
Sin embargo, quienes respaldan la posición gubernamental advierten que militarizar la seguridad pública podría generar riesgos operativos y jurídicos, además de desnaturalizar la misión esencial de las Fuerzas Armadas. El desafío para las autoridades será demostrar que el fortalecimiento policial y las reformas legales en curso son suficientes para responder a una ciudadanía que exige resultados concretos y urgentes frente a la delincuencia.
