La reciente decisión de Carabineros de Chile de establecer un protocolo formal para las persecuciones vehiculares marca un cambio significativo en la forma en que la institución enfrentará delitos como encerronas, portonazos, robos de vehículos y evasiones de controles policiales. La medida busca equilibrar dos objetivos que muchas veces parecen contrapuestos: perseguir eficazmente a los delincuentes y, al mismo tiempo, proteger la vida e integridad de los funcionarios policiales y de los ciudadanos inocentes que podrían verse afectados durante una persecución.
Hasta ahora, las persecuciones se desarrollaban bajo procedimientos operativos generales, pero el nuevo protocolo establece criterios estandarizados para determinar cuándo iniciar, mantener, escalar o suspender un seguimiento vehicular. La normativa fue oficializada mediante una orden general firmada por el General Director de Carabineros, en el contexto de la aplicación de la Ley Naín-Retamal y del fortalecimiento de las capacidades institucionales frente al aumento de delitos violentos asociados al robo de automóviles.
Tres niveles de respuesta policial
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema es la clasificación de las persecuciones en tres niveles de riesgo y respuesta operativa.
Nivel 1: destinado a la persecución de vehículos con encargo por robo.
Nivel 2: aplicable a delitos flagrantes en desarrollo, donde existe una amenaza concreta para la seguridad pública.
Nivel 3: reservado para situaciones de máxima peligrosidad, como ataques armados contra funcionarios policiales o civiles.
La respuesta policial aumenta progresivamente según la gravedad del hecho. Mientras el Nivel 1 contempla la participación de dos patrullas, el Nivel 2 incorpora tres unidades y el Nivel 3 puede involucrar hasta cuatro vehículos policiales, además del apoyo de unidades especializadas como el GOPE, Control de Orden Público (COP), helicópteros y drones.
Evaluación de riesgos antes de actuar
El protocolo exige que antes de iniciar una persecución se realice una evaluación de variables críticas como la densidad del tránsito, condiciones climáticas, visibilidad, entorno urbano o rural y disponibilidad de recursos policiales.
La decisión de iniciar el procedimiento recaerá en el funcionario de mayor antigüedad presente en la patrulla, quien deberá informar inmediatamente a la Central de Comunicaciones (Cenco), organismo encargado de coordinar y supervisar la operación. Incluso, la central podrá ordenar la suspensión de una persecución cuando el riesgo para terceros supere los beneficios operativos esperados.
Fin a las decisiones improvisadas
La nueva normativa busca profesionalizar este tipo de intervenciones y evitar que decisiones individuales incrementen innecesariamente el peligro. Entre las medidas adoptadas se establece que solo podrán participar activamente en persecuciones radiopatrullas, camionetas, SUV policiales y furgones institucionales.
Las motocicletas tendrán un rol de apoyo inicial, pero deberán retirarse de la persecución activa una vez que intervenga un vehículo policial autorizado. Asimismo, los vehículos policiales no identificados tampoco podrán liderar este tipo de procedimientos.
Más allá de los detalles operativos, la señal es clara: las persecuciones ya no dependerán exclusivamente de la experiencia o criterio individual de cada patrulla, sino de un sistema estructurado que busca responder de manera proporcional a la gravedad del delito y minimizar los riesgos asociados a una de las actividades policiales más complejas y peligrosas
