La creciente preocupación por el paradero de más de 200 niños haitianos que ingresaron a Chile en los últimos años bajo programas de reunificación familiar llevó al Gobierno a activar una fuerza de tarea especial destinada a coordinar la búsqueda, protección y localización de los menores cuyos registros presentan inconsistencias o derechamente han desaparecido de los sistemas estatales.
La decisión fue adoptada tras una reunión de emergencia realizada en el Palacio de La Moneda, luego de que antecedentes recopilados por organismos públicos y denuncias presentadas ante la Fiscalía revelaran graves irregularidades en el ingreso de menores provenientes de Haití. Entre ellas, la existencia de vuelos chárter con grupos numerosos de niños acompañados por adultos que, en varios casos, no habrían acreditado vínculos familiares directos.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el Presidente José Antonio Kast instruyó actuar con la máxima urgencia frente a una situación que podría involucrar vulneraciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según explicó, el objetivo inmediato es consolidar toda la información disponible, identificar posibles vacíos de control y colaborar activamente con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
La coordinación de la nueva fuerza de tarea quedó en manos de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien deberá articular el trabajo de distintos ministerios, servicios públicos, policías y organismos especializados. El equipo tendrá como misión apoyar al Servicio Nacional de Migraciones en el levantamiento de antecedentes y en la ubicación de los menores cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Paralelamente, el Gobierno convocó a una reunión extraordinaria con representantes de los tres poderes del Estado, además de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional y las policías, buscando establecer una estrategia coordinada para enfrentar un caso que ha generado alarma pública y cuestionamientos sobre los mecanismos de control migratorio implementados durante los últimos años.
Las investigaciones preliminares apuntan a que una parte importante de los menores ingresó al país entre 2022 y 2025 mediante procedimientos de reunificación familiar. Sin embargo, auditorías y fiscalizaciones posteriores detectaron situaciones en que los niños no pudieron ser ubicados en los domicilios declarados o carecían de documentación suficiente para acreditar sus vínculos con los adultos responsables.
Mientras la Fiscalía analiza eventuales delitos asociados al tráfico de migrantes, trata de personas, falsificación documental y posibles responsabilidades de funcionarios públicos, el Ejecutivo ha insistido en que la prioridad es determinar el paradero de cada uno de los menores involucrados. “Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera preocupación”, señalaron las autoridades al anunciar las nuevas medidas.
La creación de esta fuerza de tarea marca uno de los mayores despliegues institucionales realizados en Chile para abordar una investigación relacionada con la protección de menores migrantes y podría convertirse en un punto de inflexión para revisar los mecanismos de control, seguimiento y protección aplicados en los procesos de reunificación familiar internacional.
