La discusión sobre seguridad pública volvió a instalarse con fuerza en la agenda nacional tras la propuesta de crear un “Registro de Vándalos”, una base de datos que permitiría identificar a personas condenadas por delitos asociados a desórdenes graves, saqueos, destrucción de infraestructura pública y actos de violencia durante manifestaciones.
La iniciativa, impulsada por diversos sectores políticos preocupados por el aumento de episodios de violencia urbana y daños a la propiedad pública y privada, ha generado un intenso debate entre quienes la consideran una herramienta necesaria para combatir la impunidad y quienes advierten riesgos para las libertades civiles y los derechos fundamentales.
Una respuesta a la violencia recurrente
Los partidarios de la medida sostienen que el Estado necesita instrumentos más eficaces para enfrentar a grupos que, aprovechando manifestaciones masivas, protagonizan actos de vandalismo que terminan afectando a comerciantes, vecinos y servicios esenciales.
Según los defensores de la propuesta, un registro permitiría identificar reincidentes, facilitar investigaciones policiales y restringir el acceso a determinados beneficios estatales o eventos masivos a personas condenadas por estos delitos. Argumentan además que mecanismos similares existen en otros ámbitos, como los registros de inhabilidades para trabajar con menores o los registros de condenados por delitos sexuales.
“La ciudadanía exige mayor seguridad y consecuencias reales para quienes destruyen bienes públicos y privados. No se trata de criminalizar la protesta, sino de perseguir a quienes utilizan la violencia como método de acción”, señalan sus promotores.
Las críticas: ¿seguridad o estigmatización?
Sin embargo, la propuesta ha despertado reparos entre especialistas en derecho constitucional, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición política.
Los críticos advierten que la creación de un registro permanente podría transformarse en una forma de sanción adicional a la pena impuesta por los tribunales, generando efectos de estigmatización que dificulten la reinserción social de quienes ya han cumplido sus condenas.
También existen dudas respecto de la definición jurídica del concepto “vándalo”. Mientras algunos sectores lo asocian a personas condenadas por delitos específicos, otros temen que el término pueda utilizarse de manera amplia y terminar afectando a participantes de manifestaciones legítimas.
“La protesta social es un derecho democrático. El desafío consiste en sancionar a quienes cometen delitos sin generar mecanismos que puedan derivar en discriminación o persecución política”, sostienen organizaciones defensoras de derechos civiles.
El desafío de diferenciar protesta y delincuencia
Uno de los principales puntos de discusión radica precisamente en la necesidad de distinguir claramente entre quienes ejercen el derecho a manifestarse y quienes aprovechan dichas instancias para cometer actos delictuales.
Expertos en seguridad coinciden en que la violencia asociada a eventos masivos ha generado importantes costos económicos y sociales para el país. Sin embargo, advierten que cualquier herramienta de control debe estar sustentada en condenas judiciales firmes y contar con mecanismos de supervisión que eviten arbitrariedades.
En este contexto, algunos académicos han planteado alternativas como fortalecer los sistemas de inteligencia policial, mejorar la coordinación entre fiscalías y policías, o establecer registros limitados exclusivamente a personas condenadas por delitos graves contra la propiedad y el orden público.
Un debate que trasciende la seguridad
Más allá de sus aspectos operativos, la discusión sobre un Registro de Vándalos refleja una tensión más profunda en la sociedad chilena: cómo equilibrar las demandas ciudadanas por mayor seguridad con la protección de los derechos fundamentales.
Mientras la delincuencia y la violencia continúan figurando entre las principales preocupaciones de la población, el debate promete extenderse durante los próximos meses en el Congreso, donde deberá resolverse si la propuesta constituye una herramienta eficaz para prevenir nuevos episodios de violencia o si, por el contrario, representa un riesgo para las garantías democráticas.
Por ahora, el proyecto sigue generando opiniones encontradas. Lo único claro es que la discusión ha reabierto una pregunta central para el Chile actual: hasta dónde puede llegar el Estado en la búsqueda de mayor seguridad sin comprometer los principios fundamentales del Estado de Derecho.
