La iniciativa legislativa presentada por parlamentarios del Partido Comunista no es un simple punto político; es una alarmante desconexión con la realidad de Chile.
Hoy enfrentamos la mayor crisis de seguridad de nuestra historia, marcada por niveles inéditos de violencia y crimen organizado. Homicidios, secuestros, sicariato, extorsión, corrupción y control territorial son delitos que ya forman parte del paisaje cotidiano. En este escenario, resulta incomprensible, inoportuno e inconsciente tramitar una propuesta que busca quitar protección legal a quienes arriesgan su vida para defendernos.
Eliminar o alterar el espíritu de la Ley Naín-Retamal camina en la dirección opuesta a las necesidades del país. Modificar esta norma genera un peligroso desincentivo para los jóvenes que hoy evalúan ingresar a Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI).
Nadie querrá vestir un uniforme si el propio Estado le da la espalda ante el uso legítimo de la fuerza.El monopolio del uso de la fuerza pertenece legítimamente al Estado, el cual lo ejerce a través de sus policías como último recurso contra la delincuencia.
La Ley Naín-Retamal nació precisamente para regular este ejercicio, devolviendo la certeza jurídica a funcionarios que se sentían atados de manos frente al avance criminal. Su origen no fue un capricho político, sino la respuesta a una trágica seguidilla de asesinatos de uniformados, cuyos nombres —como los suboficiales mayores Naín y Retamal— hoy honramos en su memoria.Legislar exige la responsabilidad de construir un país más seguro y en orden, requisitos mínimos para cualquier posibilidad de desarrollo, crecimiento y preservación del Estado de derecho.
Quienes insisten en desmantelar las garantías jurídicas de nuestras policías olvidan que la democracia también se defiende protegiendo a quienes nos cuidan.
Ricardo Yañez Reveco General Director (R) de Carabineros
