Durante años, Chile y gran parte de Latinoamérica han realizado avances importantes en convivencia escolar, bienestar y prevención de violencia en contextos educativos. Y aquello ha sido necesario. Se desarrollaron leyes, reglamentos, protocolos y estrategias orientadas a fortalecer el buen trato, prevenir el acoso escolar y mejorar el clima dentro de las comunidades educativas.
Chile avanzó con la Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar y recientemente con nuevas herramientas asociadas a convivencia, bienestar y protección de comunidades educativas.
- Otros países de la región impulsaron marcos similares.
- Colombia avanzó con sistemas nacionales de convivencia escolar.
- Perú desarrolló normativa sobre convivencia sin violencia.
- Argentina fortaleció políticas para abordar conflictividad escolar.
- México y Brasil han impulsado diversas iniciativas preventivas.
Sin embargo, aparece una pregunta que quizás hoy resulta incómoda:
¿Estamos pidiendo a la convivencia escolar resolver escenarios para los cuales nunca fue diseñada?
Porque los escenarios parecen haber cambiado.
Hoy observamos amenazas difundidas por redes sociales, advertencias de ataques, agresiones graves, porte de armas, violencia dirigida, amenazas digitales, fenómenos de imitación y situaciones críticas que hace algunos años parecían excepcionales o lejanas.
Y aquí aparece una diferencia importante:
La convivencia escolar busca fortalecer relaciones, mediación, bienestar y clima institucional.
Pero la violencia grave requiere además:
- evaluación preventiva de amenazas;
- gestión de riesgos;
- coordinación interinstitucional;
- gestión de emergencias;
- continuidad educativa;
- recuperación post incidente.
No se trata de reemplazar la convivencia escolar.
Se trata de complementarla.
La experiencia internacional muestra aprendizajes importantes.
Modelos como CSTAG desarrollado por Dewey Cornell o los enfoques impulsados por el National Threat Assessment Center de Estados Unidos han demostrado que muchas amenazas presentan señales previas y que la intervención temprana puede ser más efectiva que respuestas exclusivamente reactivas.
Pero Latinoamérica no necesita copiar.
Necesita adaptar.
Porque nuestras realidades sociales, culturales, jurídicas y educativas son distintas.
Y aquí aparece una segunda reflexión:
A diferencia de otros ámbitos críticos, Latinoamérica aún presenta una brecha importante respecto de marcos especializados para prevenir, evaluar y gestionar escenarios de violencia grave en centros de estudios.
- No hablamos solo de más cámaras.
- No hablamos solo de detectores.
- No hablamos solo de sanciones.
Y tampoco hablamos de respuestas exclusivamente reactivas.
Hablamos de construir sistemas capaces de detectar señales tempranas, intervenir oportunamente, proteger derechos, fortalecer comunidades y anticiparse antes de la crisis.
Durante los últimos días tuve la oportunidad de desarrollar un informe técnico relacionado con fortalecimiento normativo y prevención de violencia grave en centros de estudios.
Más allá del documento, me quedó una reflexión:
Tal vez el desafío para Chile y Latinoamérica ya no sea únicamente mejorar la convivencia escolar.
Tal vez llegó el momento de abrir una conversación seria sobre Seguridad Educacional y Protección de Centros de Estudios como una nueva especialidad para nuestra región.
Porque proteger una comunidad educativa no es reaccionar después.
Es prepararse antes.
Autor: Luis Marín, Jefe de Seguridad Campus República Universidad Andrés Bello
