El violento asalto que afectó al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, volvió a instalar con fuerza el debate sobre la delincuencia juvenil y la responsabilidad penal adolescente en Chile. El caso, ocurrido en la comuna de San Miguel, terminó con un delincuente fallecido, varios detenidos y una fuerte reacción política desde distintos sectores del Congreso.
En este contexto, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó al gobierno del Presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para menores de edad involucrados en delitos violentos. La iniciativa, identificada con el boletín N° 15.589-07, actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Los parlamentarios argumentan que el sistema de responsabilidad penal adolescente presenta “espacios de impunidad” que estarían siendo aprovechados por bandas criminales para incorporar menores en delitos de alta violencia. Según trascendió, tres de los seis detenidos por el denominado “turbazo” a la vivienda de Aróstica corresponden a adolescentes.
La propuesta legislativa apunta a modificar la Ley N° 20.084, fortaleciendo las penas para adolescentes involucrados en delitos considerados especialmente graves, entre ellos homicidios, secuestros, robos violentos y ataques armados. Además, contempla restricciones para acceder a beneficios procesales y sanciones más severas en casos de reincidencia o fuga desde centros de internación.
Desde RN, el diputado Mauro González sostuvo que “los delitos cometidos por jóvenes se están desbordando”, insistiendo en que el Ejecutivo debe acelerar la tramitación de reformas orientadas a fortalecer el sistema penal juvenil.
El caso Aróstica también generó reacciones desde otras colectividades. Parlamentarios del Partido Social Cristiano pidieron acelerar iniciativas relacionadas con seguridad pública, endurecimiento de penas contra turbazos y fortalecimiento de la legítima defensa.
Mientras tanto, el debate vuelve a dividir opiniones entre quienes sostienen que el aumento de la violencia juvenil exige sanciones más drásticas y quienes advierten que el foco debe mantenerse en la reinserción social y la prevención del delito adolescente. Lo cierto es que el violento episodio vivido por Iván Aróstica reabrió una discusión que probablemente marcará buena parte de la agenda legislativa en materia de seguridad durante las próximas semanas.
