La seguridad privada en Chile atraviesa uno de los procesos de transformación más relevantes de las últimas décadas. La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada ha significado un cambio estructural en la forma en que el Estado regula, supervisa y fiscaliza a las empresas, guardias, vigilantes y entidades obligadas, incorporando nuevos estándares de capacitación, control y coordinación con la seguridad pública.
Sin embargo, la implementación práctica de la normativa evidenció importantes dificultades operativas y tecnológicas, particularmente en los procesos de acreditación y certificación del personal de seguridad privada. Durante las últimas semanas, autoridades, gremios y representantes del sector han reconocido que la plataforma digital destinada al ingreso y tramitación de antecedentes no logró responder adecuadamente al alto volumen de solicitudes, generando retrasos y preocupación en miles de trabajadores y empresas.
Uno de los principales focos de inquietud estuvo relacionado con el vencimiento de autorizaciones y certificaciones que afectaban a guardias de seguridad, vigilantes privados, conserjes y otros trabajadores vinculados al sector. De acuerdo con antecedentes expuestos públicamente, más de 30 mil personas corrían el riesgo de quedar temporalmente imposibilitadas de ejercer funciones debido a retrasos administrativos y limitaciones del sistema.
Frente a este escenario, el Gobierno anunció una “Ley Corta” destinada a postergar parcialmente la entrada en vigencia de algunas disposiciones transitorias de la Ley 21.659, extendiendo por seis meses determinados plazos vinculados a autorizaciones, estudios de seguridad y acreditaciones del personal. La medida busca otorgar una transición gradual y técnicamente viable, evitando afectar la continuidad operacional de una industria considerada estratégica para la seguridad del país.
Entre los principales cambios introducidos se contempla la ampliación de los plazos para que las entidades obligadas presenten sus estudios y planes de seguridad, además de extender la vigencia de autorizaciones existentes mientras se regulariza el proceso de adecuación al nuevo sistema. Asimismo, se busca fortalecer la capacidad institucional de evaluación y capacitación, debido a que la demanda de regularización superó ampliamente la capacidad operativa inicial.
La discusión también dejó en evidencia la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad privada. Diversos actores del sector coincidieron en que el nuevo marco normativo representa un avance importante en materia de profesionalización, pero requiere plataformas robustas, interoperabilidad institucional y procedimientos más eficientes para garantizar su correcta implementación.
En paralelo, durante las últimas semanas se observó un creciente protagonismo de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, entidad de reciente creación que ha desarrollado una activa agenda de trabajo con autoridades y organismos públicos. La organización participó en sesiones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y sostuvo reuniones técnicas con la Subsecretaría de Prevención del Delito, presentando observaciones, propuestas y antecedentes relativos a las dificultades que enfrenta actualmente la industria.
Representantes del sector valoraron especialmente la disposición de las autoridades para abordar los problemas detectados y avanzar en soluciones concretas. La coordinación público-privada aparece hoy como un elemento central para consolidar una regulación moderna, realista y aplicable, capaz de elevar estándares sin poner en riesgo la continuidad laboral de miles de trabajadores.
La nueva legislación también redefine el rol de la seguridad privada dentro del ecosistema de seguridad pública nacional. La ley establece que las empresas y trabajadores del sector deben actuar como colaboradores y complementos preventivos de la seguridad pública, bajo la rectoría del Estado y con límites claramente establecidos respecto de funciones policiales.
En este contexto, la postergación parcial de algunas exigencias no representa un retroceso regulatorio, sino una medida orientada a asegurar una implementación ordenada y eficaz de un sistema que busca profesionalizar la actividad, fortalecer la fiscalización y otorgar mayores certezas tanto a trabajadores como a empresas y usuarios del sistema de seguridad privada en Chile.
