La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, reconoció la existencia de fallas tecnológicas en la plataforma digital asociada a la implementación de la Ley de Seguridad Privada, situación que ha generado retrasos en procesos clave de acreditación, certificación y presentación de planes de seguridad por parte de empresas y trabajadores del sector.
De acuerdo a lo señalado por la autoridad, la plataforma contaba con algunos módulos operativos, pero estos no funcionaban correctamente, mientras que otros aún no se encontraban habilitados. Este escenario ha impactado directamente a quienes deben cumplir con las nuevas exigencias normativas para desempeñarse en actividades de seguridad privada.
La Ley N°21.659 busca modernizar el sistema de seguridad privada en Chile, mejorar la coordinación con la seguridad pública, fortalecer la formación de guardias y vigilantes, y establecer nuevas obligaciones para empresas, trabajadores y entidades consideradas de riesgo.
Frente a las dificultades detectadas, el Gobierno anunció una ley corta destinada a extender plazos clave de implementación hasta noviembre de 2026, con el objetivo de evitar que miles de trabajadores queden sin certificación o autorización vigente mientras se corrigen los problemas del sistema.
El caso abre un debate relevante para la industria: una legislación moderna requiere no solo estándares más exigentes, sino también plataformas digitales robustas, simples y plenamente operativas. De lo contrario, el riesgo es que una norma diseñada para profesionalizar el sector termine generando incertidumbre administrativa y afectando la continuidad laboral de quienes cumplen funciones esenciales para la seguridad del país.
