En el Chile que comenzó a gobernar José Antonio Kast desde el 11 de marzo de 2026, la seguridad dejó de ser solo una prioridad de campaña para transformarse en la medida concreta con la que la ciudadanía observa al nuevo gobierno.
En ese escenario, hay un actor que rara vez encabeza los titulares, pero que está presente en la vida diaria de miles de personas: la seguridad privada. Custodia accesos, protege instalaciones críticas, resguarda centros comerciales, edificios, faenas, hospitales, eventos y barrios. No reemplaza al Estado, pero sí ocupa un espacio cada vez más decisivo en la prevención cotidiana del delito y el control de riesgos.
La escena es conocida, aunque muchas veces pase desapercibida: un guardia en la entrada de un recinto, una central de monitoreo operando sin pausa, controles de acceso, rondas preventivas, cámaras que alertan antes de que ocurra un incidente. En la administración del presidente Kast, donde el discurso de orden y autoridad ocupa el centro del debate, ese entramado privado adquiere una nueva visibilidad. No como sustituto de Carabineros o de la PDI, sino como una red de apoyo que ayuda a contener, disuadir, alertar y colaborar en aquellos espacios donde la presencia estatal no puede ser permanente.
La propia legislación chilena empuja esa lectura. La Ley 21.659 define la seguridad privada como un conjunto de actividades de carácter preventivo, coadyuvante y complementario de la seguridad pública, destinadas a proteger personas, bienes y procesos productivos. Es una definición potente, porque instala con claridad que este sector no es un simple servicio comercial, sino una pieza funcional dentro del ecosistema general de seguridad del país.
Ese punto es central en el actual momento político. El gobierno del presidente Kast ha llegado con altas expectativas en materia de seguridad, y eso implica que el resultado no dependerá solo del despliegue policial o de las decisiones del Ejecutivo, sino también de la capacidad de articular a todos los actores que intervienen en la prevención. Allí la seguridad privada aparece como un socio operativo clave: conoce el terreno, está instalada en puntos sensibles, actúa en tiempo real ante incidentes menores y puede transformarse en una primera barrera de contención frente a amenazas mayores.
Pero esa relevancia también trae obligaciones. La normativa vigente no abre la puerta a una seguridad paralela, sino a una colaboración regulada. El reglamento de la ley establece deberes de coordinación con la autoridad, denuncia de hechos posiblemente delictivos, entrega de antecedentes útiles para las investigaciones y respeto estricto a los derechos humanos. En otras palabras, el mensaje legal es claro: la seguridad privada puede apoyar, prevenir y colaborar, pero siempre dentro de límites definidos por el Estado.
Ese equilibrio probablemente será una de las pruebas más importantes para esta administración. Porque fortalecer la seguridad privada no significa desdibujar la función pública de las policías, sino profesionalizar un sector que ya cumple una tarea decisiva en el día a día. Y ahí el nuevo marco institucional también importa: la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública le asigna funciones específicas en materia de políticas, planes y normas de seguridad privada, precisamente para orientar a este sector hacia su rol complementario y coadyuvante.
En la práctica, eso se traduce en un desafío concreto para el gobierno de Kast: ordenar, fiscalizar y modernizar un sector que creció durante años más rápido que su regulación. La entrada en vigencia de la Ley 21.659 y sus disposiciones transitorias obligan a implementar registros, estudios de seguridad y criterios de evaluación de riesgo para los sujetos regulados. Por eso, más que una discusión teórica, el rol de la seguridad privada será una cuestión operativa y política de primer orden durante este período.
En un país marcado por la sensación de inseguridad, la seguridad privada ya no puede ser vista como un actor secundario. En el Chile de 2026, bajo el gobierno del presidente Kast, se consolida como un apoyo silencioso pero estratégico de la seguridad pública: una fuerza de prevención extendida, presente donde comienza la vida diaria, donde se detectan las primeras señales de riesgo y donde muchas veces se juega, antes que en cualquier otra parte, la percepción real de orden que reclama la ciudadanía
