El Gobierno dio un giro en la tramitación de la normativa que buscaba reforzar el rol de los municipios en materia de seguridad. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, decidió retirar el reglamento destinado a implementar la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que contemplaba, entre otros puntos, la autorización del uso de pistolas taser por parte de inspectores municipales.
La medida se produce en medio de crecientes cuestionamientos técnicos, jurídicos y políticos sobre el alcance de la propuesta. El reglamento había generado debate tanto en el Congreso como en los propios municipios, principalmente por la incorporación de dispositivos de electrochoque como herramienta de control, un elemento que, según expertos, requiere protocolos estrictos y una formación especializada.
Desde el Ejecutivo, la ministra Steinert explicó que la decisión apunta a “mejorar y perfeccionar” el instrumento antes de su eventual implementación. La autoridad reconoció que existen vacíos en aspectos clave, como la definición del uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y la coordinación operativa con Carabineros de Chile.
“El objetivo es avanzar en seguridad, pero con responsabilidad”, señalaron desde la cartera, enfatizando que el retiro no implica abandonar la iniciativa, sino fortalecerla para evitar riesgos legales y operativos en su aplicación.
El proyecto de reglamento había sido impulsado como una respuesta al aumento de la delincuencia y a la creciente demanda de los municipios por contar con mayores atribuciones. Alcaldes de distintas comunas venían solicitando herramientas más robustas para enfrentar situaciones de violencia en espacios públicos, donde muchas veces los inspectores se ven sobrepasados.
Sin embargo, la posibilidad de que funcionarios municipales porten taser encendió las alertas en organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad pública. Estos advirtieron sobre el peligro de un uso indebido o desproporcionado de estos dispositivos, especialmente en ausencia de una institucionalidad clara que regule su aplicación.
En paralelo, asociaciones municipales manifestaron posiciones divididas. Mientras algunos jefes comunales criticaron el retraso que implica el retiro del reglamento, otros valoraron la decisión, considerando que una implementación apresurada podría derivar en consecuencias graves tanto para los funcionarios como para la ciudadanía.
El escenario ahora queda abierto. El Gobierno deberá reingresar una nueva versión del reglamento, incorporando observaciones técnicas y políticas, en un contexto donde la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones del país.
Así, la decisión de la ministra Steinert no solo posterga la entrada en vigor de una herramienta clave para los municipios, sino que también reabre el debate sobre hasta dónde deben llegar las atribuciones de la seguridad local y cuáles son los límites en el uso de la fuerza en manos de funcionarios no policiales.
