La tarde de este viernes 20 de marzo, en Santiago, el edificio del Ministerio Público volvió a convertirse en escenario de una preocupación que hace tiempo dejó de ser solo policial para transformarse en una señal de alarma institucional. Hasta allí llegó la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezada por su presidente, Gustavo Alessandri, para reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y pedir una medida que consideran urgente: la designación de un fiscal preferente para investigar las amenazas que hoy pesan sobre alcaldes y concejales en distintos puntos del país.
La solicitud no apareció en el vacío. Se instaló en medio de un clima marcado por el avance del crimen organizado, el narcotráfico y una violencia cada vez más cercana al poder local. Desde la ACHM advirtieron que los municipios se han transformado en la primera línea de respuesta frente a la inseguridad que golpea a las comunidades, y que las amenazas contra autoridades elegidas democráticamente ya no pueden leerse como hechos aislados, sino como ataques directos al funcionamiento institucional en los territorios.
En las últimas semanas, varios episodios encendieron las alertas. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció amenazas de muerte ligadas a bandas de narcotraficantes, que —según se informó públicamente— habrían ofrecido 100 millones de pesos por asesinarla. En Peñalolén, el alcalde Miguel Concha también recibió amenazas luego de impulsar la demolición de narco-casas. Y en Quinta Normal, Karina Delfino enfrentó uno de los hechos más estremecedores: frente a su vivienda fue dejada una caja con un cadáver en su interior.
Ese contexto es el que explica la dureza del mensaje municipal. Alessandri sostuvo que los alcaldes no darán un paso atrás, pese a que hoy reciben de forma directa la presión de organizaciones criminales que disputan el control de los barrios. La ACHM planteó que un fiscal preferente permitiría concentrar liderazgo investigativo, acelerar causas y reforzar la persecución penal en este tipo de amedrentamientos, que ya no solo afectan a personas, sino también a la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el territorio.
Pero la cita con el fiscal nacional no se limitó a la denuncia. También abrió una línea de trabajo conjunto para diseñar un Protocolo Nacional de Seguridad Municipal, con manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas orientadas a fortalecer la coordinación de los municipios con las policías y el Ministerio Público. Además, desde la ACHM se empujó la idea de una fuerza de tarea más amplia, que no solo involucre a instituciones de seguridad, sino también a Educación, Salud y Desarrollo Social, bajo la convicción de que la crisis requiere una respuesta integral y sostenida.
Lo ocurrido este viernes deja una imagen elocuente del momento que atraviesa el país: alcaldes y alcaldesas, elegidos para administrar comunas y resolver problemas cotidianos, compareciendo ahora bajo la sombra de amenazas, custodia y miedo. La señal que quiso dar la ACHM fue clara: cuando una autoridad local es intimidada por enfrentar al narcotráfico, no solo se amenaza a una persona, sino también al Estado en su expresión más cercana, la del municipio que recibe cada día el golpe directo de la inseguridad.
