A un año de su creación, el Ministerio de Seguridad Pública cierra su primer ciclo marcado más por la instalación institucional que por soluciones definitivas. Nacido en medio de una profunda preocupación ciudadana por la delincuencia y el crimen organizado, el nuevo ministerio buscó ordenar, coordinar y priorizar una política de seguridad que por años estuvo fragmentada.
El balance oficial destaca una baja sostenida en la tasa de homicidios, menos ingresos irregulares por la frontera norte y golpes relevantes al crimen organizado, con cientos de detenidos vinculados a bandas transnacionales. También se subraya el aumento de recursos para prevención, modernización tecnológica y apoyo a las policías.
Pero más allá de las cifras, el desafío sigue siendo el mismo: que la mejora estadística se traduzca en seguridad real en los barrios. La percepción de inseguridad persiste, especialmente frente a delitos cotidianos que siguen afectando la vida diaria de miles de personas.
Este primer año deja una señal clara: el Ministerio de Seguridad ya está en marcha, pero la consolidación, el impacto territorial y la confianza ciudadana serán la verdadera prueba en la etapa que viene.
La creación de este nuevo ministerio no fue un acto administrativo menor: fue la respuesta a años de creciente preocupación social por la violencia, el crimen y la sensación de inseguridad que se expresaba tanto en encuestas ciudadanas como en debates públicos. Desde su entrada en vigor el 1 de abril de 2025, la cartera ha tenido la tarea de coordinar estrategias y recursos para revertir tendencias delictivas que aquejaban al país.
Resultados en cifras y en percepción
En su discurso, el ministro Cordero no evitó las cifras. Destacó una reducción de la tasa de homicidios de 6,7 a 5,4 por cada 100 mil habitantes entre 2022 y 2025, rompiendo así una racha al alza que el país enfrentaba desde años atrás.
Además, enfatizó la disminución de los ingresos irregulares por la frontera norte en un 54% y la caída de la violencia rural en la Macrozona Sur en un 80%, cifras que, si bien no cuentan toda la historia de la seguridad en Chile, sí marcan hitos estadísticos que el gobierno ha querido exhibir públicamente.
En el plano del crimen organizado, la cartera se ha vanagloriado de la detención de más de 600 personas vinculadas a redes como el Tren de Aragua, lo que ha sido presentado como un avance contra estructuras transnacionales que operan en el país.
Más allá de los números: programas y recursos
Pero las cifras no son la única pieza del rompecabezas. La gestión también ha intentado fortalecer la prevención del delito y la atención a víctimas mediante programas como Somos Barrio, Lazos y Denuncia Seguro. Asimismo, se ha aumentado el presupuesto para prevención en más de un 40%, según el propio ministerio.
La modernización de capacidades también ha sido un pilar: parte importante de los recursos han ido a la transformación tecnológica y a la agilización de investigaciones policiales, buscando reducir tiempos y mejorar la eficiencia operativa.
Un relato con matices: elogios y cuestionamientos
No obstante, el balance no está exento de matices. Desde sectores de oposición y expertos en seguridad se ha señalado que la instalación del ministerio ha sido lenta en algunas regiones, y que la burocracia podría estar eclipsando esfuerzos más directos en terreno. Críticas apuntan a una falta de estrategias claras para delitos complejos y a la necesidad de una coordinación más profunda con actores locales y regionales.
Para muchos ciudadanos, la seguridad no se resume en estadísticas positivas: la percepción de inseguridad sigue presente en barrios y comunas, y delitos de menor connotación —como robos o asaltos callejeros— mantienen viva la sensación de vulnerabilidad cotidiana.
Mirando hacia adelante
Al cerrar el acto y alejarse del podio, queda claro que este primer año ha sido más de instalación que de consolidación. El Ministerio de Seguridad Pública ha iniciado su camino con logros que pueden leerse como avances objetivos, pero también con desafíos que aún esperan respuesta clara y contundente.
Chile, un país considerado relativamente seguro en comparación regional, aún enfrenta la tensión entre mejorar indicadores y transformar esa mejora en experiencia real y cotidiana de seguridad para sus habitantes. En ese sentido, el año que viene será tan definitorio como el que se acaba de cerrar.
