La seguridad ciudadana no depende únicamente del despliegue policial ni de las políticas públicas orientadas a prevenir el delito. Existe un factor decisivo, a menudo subvalorado, sin el cual el sistema de justicia no puede operar eficazmente: la denuncia. Denunciar no es un trámite administrativo ni un gesto simbólico; es la acción que permite al Estado poner en marcha sus mecanismos legales para investigar y sancionar conductas delictivas.
En Chile, la labor policial se estructura sobre funciones diferenciadas y complementarias. Carabineros de Chile cumple un rol primordial en la prevención, a través de su presencia territorial, el patrullaje permanente y las acciones destinadas a mantener el orden público. Esta función preventiva constituye la primera barrera frente al delito y resulta esencial para la convivencia social y la tranquilidad de las personas.
No obstante, cuando la prevención no logra impedir la comisión de un ilícito, el sistema dispone de una policía especializada en la investigación criminal: la Policía de Investigaciones de Chile. Su misión es esclarecer los hechos, identificar a los responsables y levantar evidencia conforme a criterios técnicos, científicos y legales, siempre bajo la conducción del Ministerio Público, organismo autónomo encargado de dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia.
Este circuito institucional “prevención, investigación y persecución penal” solo se activa cuando el delito es denunciado. La normativa vigente permite que cualquier persona informe hechos que revistan carácter de delito, ya sea ante Carabineros, la PDI o directamente ante la Fiscalía. Sin ese acto inicial, no existe investigación formal; sin investigación, no hay responsables identificados; y sin responsables, la impunidad termina debilitando la confianza en el sistema de justicia.
Resulta igualmente relevante distinguir entre efectuar una constancia y formular una denuncia. La constancia cumple una función meramente informativa y no da inicio a un procedimiento penal. La denuncia, en cambio, habilita al Ministerio Público para analizar los antecedentes, disponer diligencias investigativas, adoptar medidas de protección para víctimas y testigos y, cuando corresponde, llevar los hechos ante los tribunales.
Denunciar es, en definitiva, un ejercicio concreto de responsabilidad cívica. Permite que las víctimas accedan a la justicia y, al mismo tiempo, entrega al Estado información indispensable para dimensionar el fenómeno delictual, ajustar sus estrategias y proteger mejor a la comunidad. Carabineros previene, la PDI investiga y el Ministerio Público persigue penalmente, pero sin la denuncia ciudadana, estas funciones no pueden desplegarse plenamente. Fortalecer la cultura de la denuncia es fortalecer la seguridad pública, el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones.
Richard Biernay Arriagada
Ingeniero Civil Industrial | Relacionador Público |
Premio Nacional de Relaciones Públicas 2021 | Magíster | Docente.
