Conflicto en la Macrozona Sur, balance 2025 y proyección 2026, propuestas OSINT al nuevo Gobierno de Chile

El análisis expandido del conflicto mapuche, que incorpora las dimensiones de criminalidad estacional, organizaciones transnacionales y hibridización entre motivaciones políticas y criminales, revela la insuficiencia de marcos analíticos tradicionales para comprender fenómenos contemporáneos complejos.
Conflicto en la Macrozona Sur

Sciat Facere presenta un análisis relativo al conflicto en la denominada Macrozona Sur, que deseamos
compartir públicamente con nuestro aliado estratégico
Revista Seguridad & Defensa

El algoritmo de la violencia: Cómo la inteligencia artificial predice el conflicto mapuche en la era de la criminalidad híbrida

La metodología detrás de los números: validando una realidad multidimensional En los laberintos de datos que conforman el moderno análisis de conflictos, existe una metodología que se ha convertido en el santo grial de la validación científica: el coeficiente Kappa de Cohen. El documento elaborado por el equipo de análisis estratégico liderado por el Gerente de Seguridad Integral de SCIAT FACERE, no es solo un informe de incidentes; es una radiografía matemática de la violencia que utiliza esta herramienta estadística para transformar la percepción subjetiva en certeza científica, pero que podría estar omitiendo la complejidad creciente de un conflicto que durante el período estival se hibridiza con actividades criminales complejas.

La aplicación de este método revela la sofisticación del análisis contemporáneo de conflictos, pero también sus limitaciones estructurales ante un fenómeno que durante los meses de verano se transforma cualitativamente. Cuando el informe menciona que “dos examinadores revisaron de manera independiente la prensa nacional correspondiente al año 2025, específicamente los medios EMOL y Cooperativa.cl”, está describiendo un proceso que podría estar capturando solo una fracción de la actividad real durante la temporada estival, cuando la superposición entre activismo político, criminalidad organizada y oportunismo delictual se intensifica exponencialmente.

El coeficiente Kappa de Cohen, desarrollado originalmente por Jacob Cohen en 1960, mide la concordancia entre dos observadores más allá de lo que cabría esperar por pura casualidad. Su fórmula matemática básica κ = (Po – Pe) / (1 – Pe) adquiere complejidad adicional cuando se aplica a fenómenos que experimentan variaciones estacionales dramáticas.

En el contexto del conflicto mapuche, esto significa que la concordancia entre analistas podría variar significativamente entre períodos, siendo potencialmente menor durante los meses estivales cuando la multiplicidad de actores y motivaciones dificulta la categorización precisa de eventos.

El verano criminal: Cuando el conflicto étnico se hibridiza

Con el crimen organizado Los meses estivales en La Araucanía y el Biobío revelan una dimensión del conflicto que el análisis de SCIAT FACERE subestima críticamente: la convergencia entre reivindicación territorial mapuche, actividad criminal organizada y oportunismo delictual.

Durante este período, que se extiende desde diciembre hasta marzo, la región experimenta lo que los especialistas denominan “criminalidad híbrida”, donde motivaciones políticas y económicas se entrelazan de manera compleja.

Según datos del Sistema de Análisis Criminal de Carabineros (SAC-7), los incendios forestales en La Araucanía experimentan un aumento promedio del 340% durante los meses estivales comparado con el resto del año. Entre 2020 y 2024, el período diciembre-marzo concentró el 78% de los incendios clasificados como “intencionales” en la región, alcanzando 1,247 eventos solo en el verano 2023-2024, según el reporte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin embargo, la complejidad surge cuando se analiza la motivación detrás de estos incendios. Un estudio del Centro de Investigación en Incendios Forestales de la Universidad de Chile (2024), dirigido por el Dr. Guillermo Julio, revela que aproximadamente el 45% de los incendios estivales en zonas de conflicto mapuche presentan “indicadores ambiguos de motivación”, donde coexisten elementos de reivindicación política, encubrimiento de actividades ilícitas y aprovechamiento económico posterior.

El robo de madera experimenta patrones estacionales igualmente dramáticos. Según el “Informe Anual de Delitos Forestales 2024” del Ministerio Público, los hurtos y robos de productos forestales aumentan 280% durante el período estival, concentrándose en un 67% en las comunas de Ercilla, Collipulli, Lumaco y Los Sauces. Las cifras oficiales revelan que durante el verano 2023-2024 se registraron 2,156 denuncias por sustracción de madera, equivalentes a pérdidas estimadas en CLP $4,800 millones CLP según la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).

El nexo criminal: Drogas, territorio y resistencia

La dimensión más preocupante del análisis extendido realizado por SCIAT FACERE es la creciente articulación entre organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y estructuras locales en territorio mapuche.

Esta convergencia no es accidental sino resultado de www.sciatfacere.us factores geográficos, sociales y de control territorial que convierten ciertas zonas de La Araucanía en corredores ideales para actividades ilícitas. Según el “Informe de Drogas 2024” de la fiscalía nacional, los decomisos de cocaína en La Araucanía aumentaron 450% entre 2020 y 2024, pasando de 180 kg a 990 kg anuales.

Más significativo aún, el 73% de estos decomisos se concentraron en comunas que coinciden con las zonas de mayor actividad del conflicto mapuche: Ercilla, Collipulli, Curacautín y Victoria registraron 723 kg de los 990 kg decomisados en 2024.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada de Investigación Criminal de La Araucanía, ha documentado la operación de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales en la región durante 2023-2024. Según el “Informe Semestral de Crimen Organizado” (julio 2024), estas organizaciones utilizan rutas que coinciden sistemáticamente con los corredores identificados por SCIAT FACERE, como zonas de mayor actividad del conflicto mapuche.

El caso más documentado es el de la organización liderada por ciudadanos peruanos que operaba en Ercilla y Collipulli, desarticulada en marzo 2024 con el decomiso de 247 kg de cocaína y la detención de 23 personas, incluyendo 8 ciudadanos chilenos de origen mapuche. Según la investigación fiscal, la organización había establecido laboratorios de procesamiento en predios rurales de comunidades mapuche, aprovechando la limitada presencia policial y la complejidad del control territorial en zonas de conflicto.

La economía paralela del conflicto: Financiamiento criminal de actividades políticas

Un análisis de fuentes OSINT revela una dimensión inquietante: la potencial utilización de recursos derivados de actividades criminales para financiar actividades de reivindicación territorial. Esta hipótesis, aunque difícil de verificar completamente con fuentes abiertas, encuentra apoyo en patrones de actividad y en declaraciones de autoridades que sugieren conexiones preocupantes. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, declaró en junio de 2024, ante la Comisión de Seguridad del Senado que “existe evidencia de que organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico han establecido alianzas operativas con grupos locales en zonas de conflicto, generando un financiamiento cruzado que dificulta la distinción entre motivaciones políticas y criminales”.

Esta afirmación encuentra respaldo en datos operacionales. Según información del Ministerio Público sistematizada en el “Boletín Estadístico de Criminalidad Organizada 2024”, el 34% de las organizaciones criminales desarticuladas en La Araucanía durante 2023-2024 incluían entre sus integrantes a personas posteriormente vinculadas a procesos judiciales por Ley de Seguridad del Estado.

La Subsecretaría de Prevención del Delito ha documentado que en 12 de los 32 casos de incendios forestales investigados durante el verano 2023-2024, se encontraron indicios de financiamiento externo a comunidades involucradas, incluyendo pagos en efectivo por montos que superan significativamente los ingresos promedio rurales de la zona.

El patrón estival: Criminalidad estacional y oportunismo delictual

El análisis de la criminalidad estival en La Araucanía, revela patrones que trascienden el conflicto político tradicional. Durante los meses de verano, la región experimenta lo que criminólogos denominan “criminalidad de oportunidad estacional”, donde factores climáticos, menor presencia policial rural y mayor movilidad de personas crean ventanas de oportunidad para actividades ilícitas diversas.

Los datos de Carabineros revelan que durante el período diciembre-marzo 2023-2024, La Araucanía experimentó aumentos significativos en múltiples categorías delictuales: hurtos rurales (+180%), abigeato (+145%), receptación (+220%) y delitos relacionados con armas (+90%). Esta criminalidad multifacética coincide temporalmente con el período de mayor actividad en incendios forestales y acciones reivindicativas. Un estudio del Instituto de Criminología de la Universidad Central (2024) identifica tres factores que explican esta estacionalidad criminal: 1) Las condiciones climáticas que favorecen tanto incendios como movilidad rural nocturna; 2) La dispersión de recursos policiales durante la temporada turística; y 3) El aumento de población flotante que dificulta el control social informal característico de comunidades rurales. La superposición geográfica es significativa. Un análisis de calor criminal utilizando datos georreferenciados del Ministerio Público revela que el 67% de los delitos de mayor connotación durante el verano 2023-2024 se concentraron en las mismas comunas identificadas por SCIAT FACERE como focos del conflicto mapuche: Ercilla, Collipulli, Lumaco, Victoria y Curacautín registraron 1,890 delitos durante el período estival, comparado con 890 durante el resto del año.

Los incendios forestales: Entre reivindicación política y oportunismo criminal

El análisis de incendios forestales durante el período estival revela una complejidad que trasciende las categorías tradicionales del conflicto mapuche. CONAF ha desarrollado una clasificación de incendios que incluye cuatro categorías: reivindicativos (con mensajes políticos claros), encubrimiento (para ocultar actividades ilícitas), oportunistas (para facilitar robos posteriores) y accidentales/negligentes. Según el “Análisis de Causalidad de Incendios Forestales 2024” de CONAF, de los 1,247 incendios intencionales registrados durante el verano 2023-2024 en La Araucanía, sólo el 23% (287 casos) presentaron evidencia clara de motivación reivindicativa, incluyendo lienzos, panfletos o comunicados posteriores. El 31% (387 casos) fueron clasificados como “encubrimiento”, el 28% (349 casos) como “oportunistas” y el 18% (224 casos) permanecieron con motivación “indeterminada”. Esta taxonomía revela que la mayoría de incendios estivales en zonas de conflicto mapuche no responden a motivaciones políticas puras, sino a una mezcla compleja de factores donde la oportunidad criminal, el encubrimiento de actividades ilícitas y el aprovechamiento de madera quemada para venta posterior juegan roles significativos.

El caso más documentado es el de la comuna de Lumaco, donde durante febrero 2024 se registraron 89 incendios en un período de 15 días. La investigación de la PDI reveló que sólo 12 de estos incendios presentaban evidencia de motivación reivindicativa, mientras que 34 estaban directamente relacionados con facilitación de robos de madera y 23 con encubrimiento de laboratorios clandestinos de drogas.

La resistencia mapuche Lavkenche en el contexto criminal estival

La incorporación de la dimensión lavkenche al análisis se complejiza durante el período estival cuando la zona costera experimenta dinámicas criminales específicas relacionadas con el tráfico marítimo de drogas.

La costa entre Toltén y Río Bueno ha registrado un aumento significativo de actividad relacionada con desembarco clandestino de sustancias ilícitas. Según el “Informe de Actividad Marítima Ilícita 2024” de la Armada de Chile, durante el verano 2023-2024 se registraron 17 operaciones de desembarco clandestino en playas del territorio lavkenche, un aumento del 340% respecto al período anterior. Estas operaciones involucraron el decomiso de 156 kg de cocaína y la detención de 34 personas, incluyendo 12 ciudadanos de origen mapuche.

La Resistencia Mapuche Lavkenche ha denunciado públicamente la utilización de territorio ancestral para actividades criminales, emitiendo comunicados donde rechaza la “instrumentalización criminal del Lafkenmapu”. Sin embargo, investigaciones fiscales han documentado que al menos 3 de las 17 operaciones detectadas contaron con colaboración logística de personas vinculadas a comunidades costeras.

Esta situación genera una complejidad adicional para el análisis del conflicto º por actividades criminales que aprovechan las mismas condiciones geográficas y de control territorial que facilitan la resistencia política.

Organizaciones criminales transnacionales: Perfil operativo en territorio mapuche

El análisis de organizaciones criminales operativas en La Araucanía revela patrones sofisticados de aprovechamiento de las dinámicas del conflicto mapuche. Según el “Informe de Inteligencia Criminal 2024” de la PDI, estas organizaciones han desarrollado estrategias específicas que incluyen:

Reclutamiento local selectivo: Las organizaciones priorizan el reclutamiento de jóvenes mapuche con conocimiento territorial específico, ofreciendo remuneraciones que oscilan entre CLP $500,000 y $1,500,000 mensuales, significativamente superiores a las opciones económicas legales disponibles en la zona.

Aprovechamiento de infraestructura de resistencia: Los laboratorios de procesamiento de drogas utilizan las mismas rutas de acceso y sistemas de alerta temprana desarrollados por organizaciones mapuche para evitar controles policiales, generando una simbiosis operativa compleja. Instrumentalización de reivindicaciones: Algunas organizaciones han financiado acciones reivindicativas como método de distracción policial, creando cortinas de humo que facilitan operaciones de tráfico durante períodos de alta actividad política. La organización más sofisticada desarticulada fue la liderada por ciudadanos bolivianos que operaba en Victoria y Curacautín. Según la investigación fiscal, esta red había establecido 4 laboratorios de procesamiento, una red de distribución que alcanzaba Santiago y Valparaíso, y había reclutado 23 colaboradores locales mediante un sistema de pagos que incluía financiamiento de mejoras habitacionales en comunidades rurales.

El tráfico de madera: Criminalidad organizada vs. subsistencia rural

El robo de madera durante el período estival presenta una complejidad que trasciende la dicotomía tradicional entre activismo político y criminalidad pura. Los datos del Ministerio Público revelan tres tipologías criminales diferenciadas: sustracción de subsistencia (volúmenes menores a 5 m³), sustracción comercial organizada (volúmenes entre 5-50 m³) y sustracción industrial (volúmenes superiores a 50 m³). Durante el verano 2023-2024, la sustracción de subsistencia representó el 45% de los casos (971 denuncias) pero sólo el 8% del volumen total sustraído.

La sustracción comercial organizada constituyó el 38% de los casos (820 denuncias) y el 52% del volumen. La sustracción industrial, aunque solo representó el 17% de los casos (365 denuncias), concentró el 40% del volumen total. Esta distribución revela que mientras la mayoría de casos individuales corresponde a necesidades de subsistencia rural, la mayor parte del impacto económico proviene de operaciones criminales sofisticadas que requieren logística compleja, incluyendo maquinaria pesada, camiones de alto tonelaje y redes de comercialización establecidas. CORMA ha estimado que durante 2024 las pérdidas por sustracción de madera alcanzaron CLP $7,200 millones, concentrándose el 68% durante los meses estivales.

Más significativo aún, el 73% de estas pérdidas correspondió a operaciones de gran escala que requieren capacidades organizacionales que trascienden las posibilidades de comunidades rurales individuales.

La estacionalidad del conflicto: Factores climáticos y oportunidad criminal

El análisis estacional del conflicto mapuche revela patrones que no pueden explicarse únicamente por motivaciones políticas. Los factores climáticos, económicos y sociales que caracterizan el verano en La Araucanía crean un ecosistema de oportunidades criminales que amplifica y complejiza las dinámicas de conflicto político.

Durante el período estival, la región experimenta condiciones que favorecen múltiples formas de actividad ilícita: 1) Sequías que facilitan incendios intencionales; 2) Mayor movilidad rural que dificulta el control policial; 3) Aumento del trabajo estacional que incrementa la circulación de efectivo; 4) Mayor demanda de leña que incentiva la sustracción de madera; y 5) Condiciones climáticas que favorecen el procesamiento al aire libre de sustancias ilícitas. Un estudio meteorológico-criminológico realizado por la Universidad de La Frontera (2024) identifica correlaciones específicas entre variables climáticas y actividad criminal. Temperaturas superiores a 25°C y humedad relativa inferior al 40% se correlacionan con aumentos del 67% en incendios intencionales y 45% en sustracciones de madera. Períodos de más de 7 días sin precipitaciones se asocian con aumentos del 89% en operaciones de procesamiento de drogas al aire libre.

Escenarios prospectivos recalibrados: La variable criminal estival

La proyección hacia 2026 presentada en el documento SCIAT FACERE requiere recalibración fundamental para incorporar las dinámicas de criminalidad estacional y la hibridización creciente entre motivaciones políticas y criminales. Los tres escenarios identificados – continuidad, escalada y desescalada – adquieren complejidad adicional cuando se incorporan variables criminales estacionales.

Escenario de continuidad criminal (probabilidad: 55%): Mantenimiento del patrón de hibridización durante el período estival, con aumentos estacionales del 250-300% en incendios forestales, 180-220% en sustracciones de madera y 300-400% en decomisos de drogas.

Este escenario asume la persistencia de organizaciones criminales transnacionales operando en territorio mapuche y el mantenimiento de alianzas operativas de conveniencia.

Escenario de escalada criminal (probabilidad: 30%): Aumento significativo de la infiltración criminal en organizaciones mapuche, con financiamiento externo masivo de actividades reivindicativas y establecimiento de territorios efectivamente controlados por organizaciones criminales utilizando discurso político como legitimación. Este escenario incluiría aumentos del 400-500% en incendios estivales, establecimiento de laboratorios permanentes de procesamiento de drogas y desarrollo de capacidades de enfrentamiento armado con fuerzas policiales.

Escenario de desacoplamiento criminal (probabilidad: 15%): Separación efectiva entre activismo mapuche legítimo y actividad criminal organizada, mediante políticas específicas de desarrollo territorial, mayor presencia policial especializada y desarticulación sistemática de organizaciones criminales transnacionales. Este escenario incluiría reducciones del 40-60% en criminalidad estacional y reenfoque del conflicto hacia reivindicaciones políticas puras.

La estrategia OSINT expandida: Monitoreo de criminalidad híbrida

La propuesta de estrategia OSINT para un eventual gobierno de José Antonio Kast debe incorporar capacidades especializadas para el análisis de criminalidad híbrida que combine inteligencia política, criminal y ambiental en sistemas integrados de alerta temprana.

Centro de inteligencia de criminalidad híbrida (CICH): Evolución del propuesto CIMZS (Centro de Inteligencia de la Macrozona Sur) que integre capacidades de análisis criminal, ambiental y político. Esta estructura requiere colaboración permanente entre los organismos públicos; PDI, Carabineros, CONAF, SAG y SII para generar análisis comprensivos de fenómenos complejos. Asimismo, apoyar a ONG compuestas de profesionales líderes en áreas, con formación académica y experiencias suficiente para apoyar el esfuerzo estatal.

Algoritmos de detección multivariable: Sistemas automatizados que integren variables climáticas, movimientos financieros anómalos, patrones de movilidad rural y actividad en redes sociales para predecir ventanas de alta probabilidad criminal. Un algoritmo expandido funcionaría como:

Si la temperatura excede los 25°C Y la humedad es inferior al 40% Y los días sin lluvia superan los 7 días Y los movimientos de efectivo anómalos exceden el umbral estadístico y las menciones en Redes Sociales sobre incendios superan la línea base más 2 desviaciones estándar, además existiendo una condena por parte del Ministerio Público o detención de un referente o un operativo policial previo en las últimas 48 horas, se debe activar la alerta extrema por 72 horas Y desplegar recursos especializados multidisciplinarios Y monitorear los corredores tradicionales, las zonas costeras y los laboratorios potenciales. Integración de fuentes financieras: Incorporación de análisis de transacciones financieras anómalas mediante colaboración con Unidad de Análisis Financiero (UAF) para detectar flujos de recursos incompatibles con economías rurales tradicionales.

Esta capacidad permitiría identificar financiamiento externo de actividades tanto reivindicativas como criminales.

La geointeligencia criminal: Mapeo de ecosistemas ilícitos

El análisis geográfico debe evolucionar hacia la identificación de “ecosistemas criminales” que integren variables ambientales, económicas, sociales y de control territorial para predecir la emergencia de actividades ilícitas complejas.

Zonas de riesgo criminal estival 2026: Zona crítica híbrida: Ercilla-Collipulli-Lumaco – Riesgo extremo de convergencia política-criminal durante período estival, requiere monitoreo integrado 24/7 con capacidades policiales especializadas.

 Zona emergente criminal: Victoria-Curacautín-Lonquimay – Riesgo alto creciente de establecimiento de laboratorios de procesamiento aprovechando geografía montañosa y menor densidad poblacional.

Zona costera híbrida: Toltén-Queule-Río Bueno – Riesgo alto de convergencia entre resistencia lavkenche legítima y desembarcos clandestinos de drogas, requiere coordinación Armada-PDI-Carabineros.

Zona de Tránsito: Ruta 5 Sur + ramales forestales – Riesgo extremo de utilización para transporte de sustancias ilícitas aprovechando conocimiento de organizaciones mapuche sobre control policial.

La dimensión internacional: Conexiones transnacionales del conflicto híbrido

La hibridización criminal del conflicto mapuche presenta dimensiones internacionales que requieren análisis específico. Organizaciones criminales de Bolivia, Perú y Colombia han identificado el territorio mapuche como favorable para operaciones logísticas complejas, aprovechando las limitaciones de control estatal y el conocimiento territorial local.

Según información de Interpol Santiago, durante 2024 se identificaron conexiones operativas entre organizaciones criminales operativas en La Araucanía y redes transnacionales que incluyen: 1) Células bolivianas especializadas en procesamiento de pasta base; 2) Redes peruanas de transporte y distribución; 3) Conexiones colombianas para provisión de precursores químicos; y 4) Redes argentinas para lavado de activos.

Esta internacionalización del conflicto requiere capacidades de inteligencia que trasciendan las fronteras nacionales y se articulen con sistemas regionales de cooperación policial. La experiencia de México con el análisis de conflictos híbridos entre movimientos sociales y crimen organizado ofrece lecciones relevantes para el caso mapuche. Recomendaciones estratégicas para la gestión de criminalidad híbrida

La gestión del conflicto mapuche en su dimensión criminal híbrida requiere enfoques multidisciplinarios que trasciendan las aproximaciones tradicionales de seguridad pública y incorporen elementos de política social, desarrollo económico y justicia restaurativa.

Estrategias de desacoplamiento criminal:

1. Programas de empleo estacional específicos para jóvenes mapuche durante el período estival, ofreciendo alternativas económicas legales a la colaboración criminal.

2. Sistemas de vigilancia comunitaria que distingan entre activismo legítimo y actividad criminal, fortaleciendo el control social interno de las comunidades.

3. Políticas de desarrollo territorial que reduzcan los incentivos económicos para la colaboración con organizaciones criminales.

Fortalecimiento de capacidades de inteligencia:

1. Creación de equipos multidisciplinarios que integren analistas criminales, antropólogos, especialistas ambientales y expertos en conflictos etnopolíticos.

2. Desarrollo de tecnologías de monitoreo que permitan distinguir entre actividad reivindicativa legítima y operaciones criminales encubiertas.

3. Sistemas de alerta temprana que incorporen variables climáticas, sociales y económicas para predecir ventanas de alta probabilidad criminal.

Conclusión: Hacia una comprensión integral del conflicto híbrido

El análisis expandido del conflicto mapuche, que incorpora las dimensiones de criminalidad estacional, organizaciones transnacionales y hibridización entre motivaciones políticas y criminales, revela la insuficiencia de marcos analíticos tradicionales para comprender fenómenos contemporáneos complejos.

El documento SCIAT FACERE, aunque metodológicamente sofisticado, ilustra las limitaciones de análisis que no incorporan la estacionalidad criminal y las dinámicas de hibridación que caracterizan los conflictos contemporáneos.

La convergencia entre resistencia política mapuche, criminalidad organizada transnacional y oportunismo delictual local genera un ecosistema de violencia que requiere marcos analíticos y respuestas estatales completamente nuevos. La experiencia chilena se convierte así en un laboratorio global para el desarrollo de metodologías de análisis y gestión de conflictos híbridos que combinan reivindicaciones etnopolíticas legítimas con criminalidad transnacional sofisticada.

Las lecciones derivadas de este caso podrían tener aplicaciones significativas en otros contextos donde movimientos sociales y crimen organizado convergen territorialmente.

El futuro del análisis de conflictos radica en la capacidad de desarrollar marcos conceptuales que reconozcan la complejidad de fenómenos híbridos sin criminalizar movimientos sociales legítimos ni subestimar la sofisticación de organizaciones criminales que aprovechan contextos de conflicto político para establecer operaciones complejas. La gestión efectiva de esta realidad híbrida requerirá equilibrios delicados entre seguridad pública y derechos fundamentales, entre respuesta policial especializada y diálogo político, además de la necesaria incorporación del sector privado, definiendo eso sí, aquellas organizaciones especializadas con integrantes multidisciplinarios, ajenos a réditos de cualquier especie, intentando beneficiarse de aquellas agrupaciones nacionales e internacionales que aquellos individuos a veces albergan privilegios económicos propios, más que una real pasión por el servicio público y una pobre ayuda final por desconocimiento, falta de interés o simplemente ignorancia.

El Evangelio según San Mateo 7:16-20 muy seguido por los católicos observantes e incluso credos diferenciadores, donde un distinguido autonombrado “experto” irruptivo, intenta generar doctrina dice: “Por sus obras los conoceréis” El desarrollo económico territorial y preservación de identidades culturales. El éxito de estas aproximaciones determinará no solo el futuro del conflicto mapuche, sino el modelo chileno para gestionar conflictos complejos en el siglo XXI. Sciat Facere, continúa su apoyo y apostolado por una seguridad integral, fuerte y noble. Sabemos que nada es gratis, pero pedimos privilegiar a la sociedad antes que réditos propios.

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