La iniciativa redefine el rol de las municipalidades, fija principios y obligaciones de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y aterriza, por primera vez, estándares, funciones y límites para los equipos comunales dedicados a la prevención.
No obstante lo anterior Gustavo Alessandri , presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), manifiesta su preocupación pues. “La ley es un avance histórico, pero sin reglamento y sin recursos oportunos corre el riesgo de transformarse en un marco simbólico mientras nuestros equipos siguen enfrentando la inseguridad con las mismas herramientas de siempre”.
Uno de los aspectos relevantes de la ley es la incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos: cámaras, drones, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos, herramientas que muchos municipios ya usan, pero sin un marco legal claro.
Las modificaciones también actualizan el funcionamiento de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando sus atribuciones e incorporando nuevos actores, incluyendo a la Seremi de Seguridad Pública. La idea es que estos consejos tengan más herramientas para coordinar con Carabineros, PDI y organismos de emergencia.
Se crea una figura legal para quienes patrullan las calles a nivel comunal. Ahora existe: Inspector de Seguridad Municipal, con requisitos, funciones, prohibiciones y controles definidos. Tendrán labores preventivas autónomas y funciones coadyuvantes a policías, siempre bajo protocolos establecidos. La ley, además, obligará a dotarlos de elementos de protección —chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta o dispositivos eléctricos.
La ley crea el Comité Operativo de Seguridad, liderado por el alcalde y conformado por el director de Seguridad, Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Será la instancia donde definan las estrategias preventivas y se alineen los patrullajes y prioridades comunales.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el despacho final y recalcó que la ley “resuelve problemas administrativos significativos” para alcaldes y alcaldesas, quienes muchas veces debían interpretar la ley sobre la marcha ante situaciones urgentes.
Por tratarse de un dispositivo que no recurre a la aplicación de dolor para retener a un individuo, el Bola Wrap se perfila como una alternativa de gran potencial para el ámbito municipal
