Este viernes 28 de noviembre entrará en vigencia la Ley de Seguridad Privada

La nueva Ley de Seguridad Privada en Chile entrará en vigor el 28 de noviembre de 2025, seis meses después de la publicación de sus reglamentos. Este marco legal establecerá un nuevo régimen jurídico que regula los servicios de seguridad privada, la organización de eventos masivos y la modernización de la certificación del personal.

La entrada en vigor de la Ley 21.659, conocida como ley de seguridad privada, es el 28 de noviembre de 2025 para eventos masivos, pero su aplicación general se produce gradualmente después de esa fecha, según lo establece la nueva normativa. La ley fue promulgada en marzo de 2024 y su implementación se espera en los próximos meses

Un elemento relevante en la implementación de la nueva legislación serán los plazos de adecuación y transición, los cuales son diferenciados para cada industria. Es importante puntualizar que la nueva Ley de Seguridad Privada (Ley 21.659) de Chile no entra en vigor completamente mañana, sino que esta fecha corresponde al día cuando se hace obligatoria la implementación de dispositivos de grabación corporal (bodycams) para el personal de seguridad que porte armas no letales o dispositivos de control.

Otras partes de la ley irán entrando en vigencia gradualmente o tendrán un periodo de transición para su completa implementación

Uno de los primeros grandes efectos de la implementación de la Ley, va a estar relacionado con la inversión del sector privado para alcanzar los nuevos estándares, modificar sus estudios y planes de seguridad, con énfasis en la tecnología, medidas de seguridad física, y fortaleciendo los protocolos o procesos con los que opera el personal de seguridad privada.

Las empresas de venta de combustibles, bancos y las empresas de transporte de valores, deberán  implementar todas las adecuaciones en un plazo de seis meses desde la fecha de su entrada en vigencia.

El resto de las actuales entidades obligadas contarán con un periodo transitorio de hasta dos años para lograr adecuar sus estándares a la nueva ley, en la medida que sean notificadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito para asignarles una clasificación de riesgo.