Desde AVANTIC CHILE sostienen que el cumplimiento de esta normativa no se limita a la simple adopción de un estándar. Y señalan que se trata de un proceso complejo y multifacético que requiere una planificación estratégica a mediano y largo plazo.
Desde que comenzaron a regir las disposiciones generales de la Ley Marco de Ciberseguridad, el 1 de enero de este año, se inició una nueva etapa en la protección digital del país.
Así lo sostiene Francisco Fernández, gerente general de AVANTIC CHILE ( www.avantic.cl ), compañía líder en servicios y soluciones de seguridad informática, quien expresa que esta normativa desarrolló un marco regulatorio que protege la infraestructura crítica del país y la información sensible frente a las amenazas cibernéticas.
Asimismo, resalta que con la aprobación de esta normativa se mejoró la posición de Chile en el último ranking NCSI (National Cyber Security Index) donde del puesto 56 en 2021, nuestro país pasó al lugar 25, y se ubicó segundo en Latinoamérica.
“En el fondo, representa un gran avance y aporte, pues señala a los organismos del Estado y a los particulares que interactúan con ellos, cuáles son los costos y repercusiones para cualquier entidad que maneje información valiosa si es que no cumple con los requisitos mínimos de protección exigidos por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (ANCI), cuya misión es supervisar y coordinar la estrategia nacional en materia de ciberseguridad, asegurando la aplicación de estándares y protocolos que pueden reducir vulnerabilidades en el ecosistema digital chileno”, manifiesta.
En este sentido, añade que la ANCI determinará en el corto plazo que las organizaciones afectan a esta ley sigan un modelo de gestión de ciberseguridad establecido por ella, que seguramente será ISO 27001, NIST o CIS Controls.
Proceso complejo y multifacético
No obstante, Francisco Fernández aclara que el cumplimiento de esta normativa no se limita a la simple adopción de un estándar. Y advierte que se trata de un proceso complejo y multifacético que requiere una planificación estratégica a mediano y largo plazo.
“La implementación de los controles de seguridad implica una inversión considerable de recursos, tanto humanos como financieros. Se necesita tiempo para evaluar la infraestructura existente, identificar las brechas de seguridad, implementar los controles necesarios y, finalmente, asegurar el cumplimiento continuo de la normativa”, señala.
Expresa que las empresas que subestiman la magnitud de este desafío corren un riesgo considerable, pues el incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones económicas significativas, daños a la reputación y la pérdida de la confianza de clientes y socios.
“Es necesario que las empresas comiencen a evaluar su estado actual de ciberseguridad lo antes posible, identifiquen las brechas y desarrollen un plan de implementación personalizado. La colaboración con empresas especializadas en ciberseguridad puede ser fundamental para asegurar una transición exitosa y minimizar los riesgos”, sostiene.
Una prioridad de hoy
El ejecutivo reconoce que la ciberseguridad, actualmente, se ha convertido en una prioridad esencial en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, y que son centenarias las ciberamenazas que surgen diariamente y que pueden afectar los datos de los organismos del Estado y de los particulares que interactúan con ellos, generando daños incalculables.
“En el fondo, se trata de una ley que promueve la adopción de seguridad robustas, la implementación de políticas de prevención, y la cooperación entre entidades públicas y medidas privadas para asegurar un ciberespacio seguro y resiliente”, destaca.
El gerente general de AVANTIC CHILE recordó que los sectores que están siendo regulados por esta normativa corresponden a los Servicios Esenciales y aquellos Operadores de Importancia Vital (OIV).
Entre los primeros están Energía (generación, transmisión y distribución eléctrica); Combustibles(transporte, almacenamiento y distribución de combustibles); A gua Potable y Saneamiento (suministro de agua potable y servicios de saneamiento); Telecomunicaciones (infraestructura de telecomunicaciones y servicios relacionados); En infraestructura Digital (servicios digitales y servicios de tecnología de la información gestionados por terceros); transporte(transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo, así como la operación de la infraestructura respectiva); Finanzas(banca, servicios financieros y medios de pago); Seguridad Social (administración de prestaciones de seguridad social); Servicios Postales y de Mensajería (operaciones de servicios postales y de mensajería); Salud (prestación institucional de salud por entidades como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos); y Farmacéutica(producción e investigación de productos farmacéuticos).
“Dentro de los Operadores de Importancia Vital, en tanto, son aquellos cuyos servicios dependen de redes y sistemas informáticos, y cuya afectación, interrupción o destrucción puede tener graves consecuencias en la seguridad y el orden público, en la prestación continua y regular de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado o, en general, de los servicios que éste debe proporcionar o garantizar”, asevera.
Finalmente, Francisco Fernández llamó a no olvidar que esta legislación distingue entre infracciones leves, graves y gravísimas, pudiendo llegar las sanciones de estas últimas a las 40.000 UTM, en el caso de los OIV.
Acerca de AVANTIC CHILE
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