El centro de estudios en seguridad y Crimen Organizado CESCRO presentó su informe indicador nacional de crimen organizado en chile

Este informe tiene como objetivo caracterizar la presencia de delitos asociados al crimen organizado en Chile, basándose en el análisis de los delitos ingresados al Ministerio Público durante los años 2022 y 2023.
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De acuerdo a este estudio, el panorama del crimen organizado en Chile ha evolucionado significativamente, mostrando un aumento en la sofisticación y diversificación de las actividades ilícitas.

Este fenómeno plantea desafíos urgentes para las autoridades, especialmente en términos de cibercrimen, lavado de dinero y la interconexión entre redes criminales. En este contexto, el Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO) se posiciona como una herramienta esencial para comprender la magnitud y distribución territorial de este problema.

Este informe tiene como objetivo caracterizar la presencia de delitos asociados al crimen organizado en Chile, basándose en el análisis de los delitos ingresados al Ministerio Público durante los años 2022 y 2023. Para esto, se presenta el Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO), desarrollado por CESCRO, como una herramienta integral para medir y analizar la incidencia del crimen organizado en Chile durante 2022-2023 a nivel nacional, regional y comunal. Instrumento que se espera favorezca la focalización de políticas públicas en materia de prevención, control y persecución de este fenómeno criminal.

A nivel nacional se registraron 65.479 delitos asociados al crimen organizado en el año 2022 y 70.957 el año 2023, lo que representa una variación de 8,4% más de delitos ingresados al Ministerio Público al comparar ambos años. En términos absolutos, ambos años en conjunto registraron 136.436 delitos ingresados, lo que representa una tasa cada 100 mil habitantes de 775,49 delitos asociados al crimen organizado a nivel nacional.

En primer lugar, el aumento de delitos ingresados en todas las dimensiones, especialmente en ciberdelincuencia (+110,5%), violencia asociada al crimen organizado (+37,3%) y organizaciones criminales (+29,1%). +110,5% CIBERDELINCUENCIA +37,3% VIOLENCIA

En segundo lugar, se destaca la prevalencia de delitos asociados a la presencia de drogas, con una tasa de 484,80 delitos cada 100 mil habitantes, y la presencia de otros delitos organizados, con una tasa de 230,52 delitos cada 100 mil habitantes.

Según el promedio comunal de frecuencia ponderada de delitos asociados al crimen organizado, la región más afectada por el crimen organizado es Tarapacá, con un puntaje de 177, seguida por las regiones Metropolitana y Arica y Parinacota, con 171 y 168 puntos respectivamente. Mientras que las regiones menos afectadas, corresponden a Magallanes, Aysén y Ñuble, con 22, 25 y 37 puntos respectivamente.

Se observa un alto nivel de afectación en las regiones de la zona norte y centro del país. Si se controla por el tamaño poblacional, es decir, según la tasa ponderada de delitos asociados al crimen organizado cada 100 mil habitantes, se ve una preocupante concentración del crimen organizado en la zona norte del país, especialmente en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, con un promedio comunal de la tasa ponderada de 1.174, 844 y 284 delitos asociados al crimen organizado cada 100 mil habitantes respectivamente. Mientras que las regiones menos afectadas, corresponden a Los Lagos, O’Higgins y Los Ríos, con una tasa de 81, 95 y 107 delitos cada

Regiones más afectadas 1. Rarapacá (177 ptos.) 2. Metropolitana (171 ptos.) 3. Arica y Parinacota (168 ptos) regiones menos afectadas 1. Magallanes (22 ptos.) 2. Aysén (25 ptos.) 3. Ñuble (37 ptos)

En conclusión, este estudio proporciona una herramienta valiosa para comprender y abordar el crimen organizado en Chile. El Indicador Nacional de Crimen Organizado, en sus dos expresiones, ofrece una visión detallada de la distribución y la intensidad de este fenómeno en el país. Esta información es crucial para el diseño de estrategias efectivas de prevención y control, así como para la asignación eficiente de recursos. Se cree recomendable que las autoridades y los responsables de la formulación de políticas pudieran utilizar estos hallazgos para desarrollar enfoques más precisos y adaptados a las realidades locales en la lucha contra el crimen organizado

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